Córdoba. La medida fue dispuesta por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ante las apelaciones presentadas a procesamientos y sobreseimientos dictados por el Juzgado N°1 en febrero de este año. Rafael Sosa, Alfredo Seine, Fabián César Peralta Dattoli y Franco Argüello continuarán detenidos. Además, fueron procesados por el delito de privación ilegal de la libertad. Mario Rogelio Nieto fue beneficiado con el dictado de falta de mérito.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por Ignacio María Vélez Funes e integrada por los jueces de cámara subrogantes Carlos Julio Lascano y José Vicente Muscará, resolvió las apelaciones presentadas a procesamientos y sobreseimientos dictados por el Juzgado Federal N° 1, el 5 de febrero.
Tras escuchar al Ministerio Público Fiscal y a los abogados defensores de los imputados, el Tribunal resolvió por unanimidad, rechazar los planteos de nulidad efectuados por el doctor Gustavo Franco, defensor de Rafael Sosa y por el defensor oficial Jorge Perano, en representación del imputado Juan Francisco Viarnes.
En cuanto a la situación procesal del exjefe de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, los Camaristas confirmaron el procesamiento, embargo y la prisión preventiva dictados por el Juez de primera instancia por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe y violación de los deberes de funcionario público a la vez que revocó el sobreseimiento por privación ilegitima de la libertad.
Con respecto a Mario Rogelio Nieto, la Sala A dispuso revocar el procesamiento dictado y ordenar la falta de mérito en orden a los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe y violación de deberes de funcionario público.
Por su parte, se confirmó el procesamiento de Gustavo González, Alfredo Seine, Franco Argüello y Fabián Peralta Dattoli como miembros de asociación ilícita y por el delito de violación de deberes de funcionario público.
En el caso de Mario Osorio, los jueces dispusieron confirmar el procesamiento por el delito de violación de deberes de funcionario público y confirmar la falta de mérito dictada en orden al delito de asociación ilícita en carácter de miembro.
Por último, en relación al imputado Juan Francisco Viarnes, se confirmó su procesamiento por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; extorsión y violación de deberes de funcionario público en calidad de partícipe necesario y falso testimonio agravado en carácter de autor.
Antecedentes
Cabe destacar que la causa tiene origen en las declaraciones receptadas en el Juzgado Federal Nº 1 por parte de Viarnes, hoy coimputado.
Los dichos vertidos por Viarnes involucraron en una serie de hechos presuntamente delictivos, a policías pertenecientes a la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, en relación a su actuación en investigaciones y procedimientos efectuados en el marco de la Ley Nº 23.737 (tenencia y tráfico de estupefacientes).
En la resolución, el juez de Cámara Ignacio Vélez Funes, al que adhirieron los jueces de cámara subrogantes Carlos Lascano y Jose Vicente Muscará, al fundamentar su voto, expresó: “Aprovechándose claramente de la autoridad interna y externa que su calidad policial significa e impone y con la gravedad especial que ello representa, habría habido una logística y en particular un manejo técnico y de manipulación de datos e instrumentos jurídicos, con total menosprecio de la legalidad a pesar de la condición de funcionarios públicos”.
“Así (…), en abierta violación al art.31 bis de la Ley 23.737, se habría introducido a Juan Francisco Viarnes en tareas policiales de inteligencia e investigación, como agente encubierto o agente provocador, particularmente respecto a hechos relacionados con el tráfico de estupefacientes”.
Por su parte, Carlos Lascano, en su voto, agregó: “ Ahora bien, en el caso bajo análisis, existen elementos de prueba suficientes para sostener con el grado de convicción exigido para esta instancia procesal, en relación con el hecho nominado primero, que un grupo de policías integrantes de la División de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Córdoba, acordaron ser parte de una organización que tenía por fin la comisión de diferentes ilícitos descriptos en el auto de procesamiento y vinculados a su oficio en dicha dependencia, reconociendo a Rafael Sosa como jefe de la misma”.
“Cabe destacar que el hecho de que los imputados sean agentes policiales en ejercicio de su función estatal de controlar, prevenir y erradicar el flagelo del narcotráfico en nuestra provincia, no quita a la organización el carácter de ilícita, sino -más aún- dicha condición agrava a niveles exponenciales el reproche penal”, concluyó Lascano.
