Córdoba. Ante lo que se advierte como mecanismos que dificultan concretar la labor de control, a través de funcionarios públicos que “intentan indebidamente obstaculizar” el acceso a la información y el control del funcionamiento de las instituciones públicas, los parlamentarios Liliana Montero (Frente Cívico) y Rodrigo De Loredo (UCR) le enviaron una carta al gobernador para solicitarle que imparta “las indicaciones oportunas y arbitre los medios necesarios”, para que “podamos cumplir adecuadamente con nuestras funciones, para las que hemos sido elegidos”, señalaron los legisladores opositores.
Resulta que ambos parlamentarios utilizan como metodología visitar hospitales, escuelas y otras entidades para examinar “in situ” la realidad concreta de su funcionamiento y la prestación de servicios que el gobierno provincial debe garantizar a los ciudadanos cordobeses.
Por esa razón, Montero y De Loredo destacaron: “No vamos a las instituciones públicas porque sea un derecho, vamos porque tenemos la obligación de hacerlo».
En ese sentido, aclararon que antes de hacer públicas fotos o denuncias sobre lugares que visitaron, tenían “acceso normal” a dichos ámbitos públicos. Lo que muestra a las claras que “las puertas se fueron cerrando a medida que tomaron estado público esos espacios”, indicaron.
Los dos legisladores que integran distintos bloques de la Unicameral, fundamentaron su demanda a De la Sota, en virtud de que para poder cumplir las obligaciones que son propias de la función, “resulta imprescindible conocer la realidad de manera profunda y fehaciente, y a partir de ese conocimiento sugerir soluciones, ordenar prioridades y delinear propuestas que se ajusten a las problemáticas detectadas”.
“Para la elaboración de propuestas legislativas idóneas, los legisladores debemos tener un conocimiento real y efectivo de lo que se pretende cambiar o mejorar desde un instrumento legislativo; mientras que para ejercer el control del Poder Ejecutivo requerimos corroborar in situ cómo está funcionando el Estado”, resaltaron.
En el marco de las visitas a distintos establecimientos para conocer y documentar las condiciones en que el Estado provincial presta servicios esenciales para la ciudadanía, la titular de la bancada juecista y el legislador radical advirtieron que “se vienen profundizando mecanismos que nos dificultan concretar nuestra labor, porque en la práctica, funcionarios públicos intentan indebidamente obstaculizar el acceso a la información y el control del funcionamiento de las instituciones públicas”.
Por último, los representantes en la Unicameral, le hicieron saber al mandatario provincial que de continuar esta práctica que “nos impide el ejercicio pleno de las facultades y obligaciones por las que el pueblo de Córdoba nos ha elegido, nos veremos en la obligación de plantear una cuestión de privilegio”.
Dicho planteo recaerá en “quien tiene la mayor autoridad sobre los funcionarios que ejerzan acciones que directamente afecten los derechos de la Legislatura colectivamente, su dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos”, concluyeron.
