A partir de la resolución 90/2014 de la Secretaría de Comercio que dispuso retrotraer los precios de los medicamentos a los vigentes al 7 de mayo, el gobierno informó que multará con hasta un millón de pesos a los laboratorios que no lo hagan. Además, se prevé inspecciones en todas las farmacias del país para constatar que se cumpla con la disposición.
A raíz de esta situación, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, reiteró que los farmacéuticos no son “formadores de precio” y por ello, hay que deslindar responsabilidades de los profesionales.
A través de un comunicado, firmado por su presidente, Germán Daniele, se expresó que por orden del Comité Ejecutivo de la entidad, el cuerpo de abogados está trabajando en la redacción de un instrumento legal que “salvaguarde al farmacéutico deslindando responsabilidades al respecto”.
“El CFC se declara en estado de atención permanente ante este conflicto entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica puesto que, aunque no nos pertenece en su generación, igual nos involucra por tener a cargo nosotros la dispensa y el contacto directo con el paciente/cliente”, se destacó en el texto de la organización colegiada.
Dar batalla ante cualquier abuso
En ese sentido, el funcionario resaltó la fecha del 25 de junio, “cuando debía estar en vigencia el nuevo precio de los medicamentos, es decir el precio anterior a los aumentos, nos encontramos con que los laboratorios no cumplieron”.
A raíz de esto, Costa manifestó que desde su cartera, están trabajando para evaluar cuáles serán las sanciones monetarias que se impongan a los laboratorios, que aumentaron los precios entre un 3 y 4 por ciento.
Según la ley vigente, pueden ser de hasta un millón de pesos. “Nosotros estamos aplicando la ley 20.680, de la que la Secretaría de Comercio es autoridad de competencia, que establece que, a partir de la notificación del incumplimiento, (los laboratorios) tienen un plazo de descargo”, señaló.
“En función al análisis de las presentaciones, vamos a establecer las sanciones que correspondan, que según la normativa es hasta un millón de pesos”, declaró el secretario en declaraciones radiales.