Córdoba. Integrantes del bloque radical confirmaron que ingresarán a la Unicameral la polémica iniciativa impulsada por el Defensor del Pueblo, rotulada: Ley de protección del Usuario de Servicios Públicos. Desde el gremialismo cordobés hay un fuerte rechazo a este nuevo intento de avanzar en lo que observan como limitaciones al derecho a huelga.
El Defensor del Pueblo, Mario Decara, envió por nota a la Legislatura su anteproyecto de ley que intenta garantizar a los ciudadanos de toda la provincia el goce de los derechos constitucionales a la vida, salud, libertad, educación, justicia, acceso a la energía eléctrica y al agua potable.
La iniciativa incluye el transporte público de pasajeros entre los servicios esenciales y el derecho a garantizarlo ya que el mismo constituye un medio necesario para el ejercicio y protección de todos los otros derechos, se advirtió en el texto enviado por Decara.
Al no tener la facultad de presentar un proyecto de ley, parlamentarios radicales sostendrán su defensa y tomarán como propia la iniciativa del Defensor. En ese sentido, rubricarán el proyecto que luego será ingresado para el tratamiento legislativo. Esto fue confirmado por una influyente fuente del radicalismo.
Cabe mencionar que Decara pretende que “las medidas de fuerza que afecten la prestación de un servicio público sean comunicadas con una anticipación de tres días; y que 24 horas antes se presente ante la autoridad que corresponda para su evaluación un plan sustentable de prestación de servicios mínimo que se mantendrá durante el conflicto”.
Asimismo, dispone que la empresa u organismo prestador del servicio “sea responsable de garantizar la ejecución del plan de servicios mínimos y de comunicar a los usuarios al menos con un día de anticipación y por todos los medios a su alcance las modalidades de funcionamiento del servicio durante el conflicto”.
Desde el movimiento obrero sindical ratificaron su rechazo al planteo del Defensor del Pueblo. La intención de garantizar servicios públicos esenciales para los usuarios cordobeses fue activada en principio por tres legisladores oficialista, que no tuvieron éxito en su propósito debido a la fuerte presión gremial.
Anteayer, Decara se reunión con los representantes sindicales. Una fuente calificada de la CGT de Córdoba destacó que fue “una reunión de exposición de posiciones” que obviamente están enfrentadas.
Al mismo tiempo, los gremialistas le reprocharon al Defensor del Pueblo que desde su rol, no lo escucharon decir nada sobre suspensiones y despidos de trabajadores.
Regulación a nivel nacional
Por su parte, el diputado Diego Mestre, manifestó que “el transporte debe ser un servicio esencial y su regulación corresponde al Congreso Nacional”.
Tras los problemas que se acontecieron en el transporte de la Ciudad de Córdoba, el parlamentario insistió en el tratamiento de su proyecto en el Congreso, debido a que considera que los servicios esenciales deben regularse a nivel nacional.
“Debemos ponerle un freno a estas acciones que dejan sin servicios a un gran porcentaje de la ciudadanía cuando se desata un conflicto”, sostuvo Mestre.
«Este tipo de iniciativas deben ser tratadas en el Congreso de la Nación dada la envergadura de la temática y para su correcta aplicación”, aclaró.
