Nacionales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó la presentación en la Corte de La Haya de una demanda contra Estados Unidos. Asimismo, cuestionó al juez “municipal” Thomas Griesa, que «con sus resoluciones quiere llevarse por delante la soberanía de un país, poniéndonos en un limbo jurídico«.
Por su parte, Capitanich agregó hoy, a lo ya expresado en el discurso oficial de la administración kirchnerista, que hay expectativas “nulas” para la reunión que convocó el juez Griesa.
«Las expectativas son negativas porque el juez Griesa ha demostrado manifiesta parcialidad y claramente responde a los intereses de los fondos buitres«, destacó el Jefe de Gabinete en rueda de prensa.
En ese sentido, el ministro coordinador renovó sus críticas hacia el juez neoyorquino, al afirmar que «ha demostrado que desconoce el proceso a partir del cual se establecen mecanismos de cancelación«. El magistrado no debería «interferir ni entorpecer el proceso de cancelación de las obligaciones», añadió.
En el acto realizado ayer por la tarde en Casa Rosada, para anunciar el lanzamiento del plan PROEMPLEAR, la presidenta Fernández de Kirchner confirmó la demanda iniciada contra Estados Unidos en la Corte de La Haya.
“Poderes dependientes de ese país han actuado no conforme a derecho”, explicó la primera mandataria y puntualizó que para avanzar en la causa “depende de que Estados Unidos acepte la jurisdicción de La Haya”.
“La Haya sirve para que los países cuando tiene diferencias, no nos agarremos a los bombazos o misilazos. Es la forma en que las sociedades democráticas y civilizadas resuelvan sus diferencias”, resaltó.
Al momento de avanzar en sus declaraciones por el papel que le toca a EEUU por las resoluciones de Griesa, Fernández de Kirchner se refirió a una columna publicada en el diario inglés The Guardian, en la que el periodista Greg Palast señala que la Constitución de Estados Unidos habilita al Presidente de ese país a intervenir en la causa judicial de los fondos buitres contra Argentina.
El investigador habla del principio conocido como “comity”, según el cual Barack Obama “sólo necesita informar al juez federal de Estados Unidos Thomas Griesa que la demanda de Singer interfiere con la autoridad presidencial de manejar la política exterior”, indicó la presidenta con respecto al accionar de uno de los fondos buitre.
El anuncio de la mandataria fue en el marco del lanzamiento del plan PROEMPLEAR, que tiene como objeto proteger los puestos de trabajo, promover la creación de empleo registrado y fomentar la inserción laboral de trabajadores en situación de vulnerabilidad laboral.
Durante la presentación, la Jefa de Estado, indicó que se busca “articular otras políticas, para articularlas con el plan PROGRESAR”. Por esa razón, manifestó que “el entrenamiento en fábrica, durante 6 meses, esos 600 pesos del PROGRESAR se van a ir a 2 mil en la fábrica“.
“Si al cabo de esos 6 meses, el empresario decide tomarlo, se produce la inserción laboral, el Estado cubre 2700 pesos del convenio colectivo de trabajo, durante 6, 9 o 12 meses”, puntualizó, al tiempo que resaltó que el objetivo es “incentivar a los jóvenes a capacitarse y a los empresarios a insertar laboralmente a jóvenes capacitados”.
Según el gobierno, el plan abarca a 815 mil trabajadores y 374.500 empresas. La inversión es de 3.034 millones de pesos.
“Esto no es para las empresas grandes, no significa contratar jóvenes para “negrear”, puntualizó la presidenta y agregó: “Las beneficiarias de este programa son las pymes, que son las grandes generadoras de trabajo”.
