Córdoba. Ante la Comisión Multisectorial integrada por legisladores, centrales obreras, sectores empresariales y el ministerio de Trabajo, el Defensor del Pueblo, Mario Decara presentó los alcances de su iniciativa de “protección al usuario de servicios públicos”. El proyecto es resistido por los gremios cordobeses que ven una restricción al derecho de huelga.
Decara fue convocado al espacio multisectorial en la Unicameral a raíz de la presentación que hizo días atrás de una propuesta de regulación que garantice la provisión de los servicios esenciales, entre ellos el transporte, durante medidas de fuerza que afecten la prestación de esos servicios.
El saldo del encuentro -afirmaron las fuentes de la Defensoría- fue el acuerdo entre las partes de abrir una instancia de diálogo y negociación para trabajar en una reglamentación de esa norma que surja del consenso de todas las partes.
Por ello, los sectores que integran la Comisión Multisectorial designarán sus técnicos y acordarán un cronograma de trabajo del que debe surgir una propuesta consensuada de reglamentación e implementación de la ley.
Mientras tanto, y hasta que esté listo ese documento legislativo, las autoridades de la Legislatura cordobesa se comprometieron a no dar tratamiento en el recinto a la propuesta de Decara.
Si la Comisión técnica no logra un acuerdo en un plazo prudencial, los actores que integran el espacio multisectorial quedan liberados del compromiso para impulsar otras propuestas y alternativas de manera unilateral.
Tras la reunión, el legislador Oscar González (UPC), aclaró que se tomaron decisiones concretas con el acuerdo total de avanzar en tareas muy puntuales.
En ese sentido, detalló que se analizará legislación comparada, la evaluación de la situación en otros países y se buscará el mecanismo de recomendaciones finales que “permitan mejorar la situación actual que es la demanda pública de la sociedad que es la de evitar la parálisis intempestiva de algunos servicios esenciales”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, acentuó su posición en la necesidad de que haya una norma consensuada con los gremios, el sector empresarial, el sector legislativo y la Defensoría del Pueblo.
“A ver si logramos una base de consenso sobre la normativa. De no ser así, después de un lapso de tiempo que no ha sido estipulado, todos los que participamos en esta Comisión quedaremos librados a continuar con nuestra actividad e intentar por otros medios la sanción de la norma”, puntualizó.
De la reunión participaron el Defensor del Pueblo, el Ministro de Trabajo, Adrián Brito, las autoridades de la Cámara Oscar González, Carlos Gutiérrez y Orlando Arduh, Sergio Busso y los legisladores que conforman la Comisión Multisectorial, representantes de ambas CGT y referentes del sector empresarial.
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Imágen Prensa Poder Legislativo
