Córdoba. La legisladora Nancy Lizzul (FC), se refirió a la crisis a nivel nacional y provincial que afecta al sector industrial de Córdoba desde hace varios meses, con un “debilitamiento cada vez más profundo”. En ese cuadro de situación, la parlamentaria impulsa en la Unicameral -junto a otros 16 legisladores de distintos bloques- la aprobación del proyecto de ley sobre Fortalecimiento Industrial que plantea subsidiar a los trabajadores en riesgo laboral, exenciones impositivas, créditos del Bancor a la producción y la suspensión de las ejecuciones fiscales.
Con la participación de titulares de cámaras empresarias, legisladores provinciales y nacionales y empresarios industriales, se llevó a cabo el “Desayuno Industrial” con el análisis del escenario macroeconómico de la Argentina a cargo de Alfredo Blanco y con la presentación del proyecto de ley sobre Fortalecimiento Industrial impulsado por la parlamentaria del Frente Cívico y la coautoría de 16 legisladores de cinco partidos políticos.
Tras exponer los beneficios y los fundamentos de la iniciativa de ley ante los presentes, Lizzul destacó que “los tiempos son muy urgentes, el sector industrial ya no puede esperar más, esta crisis a nivel nacional y a nivel provincial ha empezado ya hace varios meses, el debilitamiento es cada vez más profundo, no hay más tiempo para esperar”.
En ese sentido, manifestó que las expresiones del sector privado y de las instituciones industriales, apuntan a solicitar de “manera inmediata, una colaboración del Poder Ejecutivo provincial, como lo está haciendo el Ejecutivo nacional con el subsidio al trabajador de $2 mil a través del REPRO”.
En cuanto a lo que hace falta en este momento complicado para la industria, la titular de la Comisión de Industria de la Unicameral, precisó que “hace falta un Estado presente, hace falta un ministerio de Industria que realmente colabore con herramientas de este tipo que tiene que ver con subsidiar a los trabajadores que se encuentra en riesgo industrial, en exenciones impositivas de los impuestos provinciales, en créditos del Banco de Córdoba para la producción, no solamente créditos para el consumo. Y en la suspensión de las ejecuciones fiscales”.
Asimismo, resaltó que a través del proyecto de ley, se propicia la creación de un Observatorio Industrial en la provincia de Córdoba.
“Desde la Comisión, junto a cinco bloques políticos partidarios y 16 legisladores, estamos impulsando esta iniciativa en el Poder Legislativo que simplemente es una gran herramienta para mitigar el efecto de la crisis, es una herramienta para volver a encender los motores que se han apagado de las pequeñas y medianas industrias sosteniendo el empleo y a los trabajadores hoy, para que mañana no sean desempleados y no vayan en busca de ayuda social al ministerio de desarrollo social”, opinó Lizzul.
La parlamentaria demandó a la cartera de Industria “un rol más protagónico en la defensa de las pequeñas y medianas industrias de Córdoba, para que siguen en Córdoba, que no cierren, que no se vayan a otras provincias, y sobre todo que mantengan el empleo con el subsidio al trabajador, que sería de $1 mil en la emergencia de nivel dos, y de $2 mil en la emergencia de nivel uno”.
Sobre a quién se le otorgaría los beneficios que establece la iniciativa, la legisladora afirmó: “Aquella industria que pueda demostrar que han disminuido sus ventas, automáticamente que pueda hacer uso del beneficio del subsidio al trabajador, con esto estaríamos colaborando con los más de 6 mil trabajadores que en este momento en Córdoba se encuentran en riesgo laboral, quiere decir que hoy tienen trabajo pero mañana nadie sabe”.
Proyecto viable
“Hemos hecho un estudio de costos de este proyecto y sumando el costo del subsidio del trabajador mas el costo de la exención impositiva a aquellas medianas empresas industriales que pagan Ingresos Brutos estamos llegando a un costo apenas de $69 millones por seis meses”, precisó la parlamentaria del Frente Cívico.
En ese sentido, argumentó que “si comparamos estos $69 millones con los 500 millones de pesos que tiene asignado el gobierno provincial para publicidad oficial, perfectamente podríamos reasignar este importe como partida presupuestaria al ministerio de Industria y con esto ya tendríamos la parte económica totalmente cubierta”, aseguró.
“No estamos hablando de resignar salud, educación, ni de los servicios básicos del Estado, lo único que sugerimos al Poder Ejecutivo es que resigne apenas un 14 por ciento de su presupuesto en publicidad oficial y sostener el empleo de las pequeñas y medianas industrias de Córdoba que en este momento se encuentran en emergencia”, concluyó.
Panorama económico bajo un clima complejo
En su exposición sobre el escenario macroeconómico de la Argentina, Alfredo Blanco explicó que “es una combinación realmente compleja porque asocia una caída en el nivel de actividad, particularmente en el sector industrial esto se siente mucho, con una inestabilidad del nivel de precios, con una inflación alta, y con dos restricciones muy severas”.
“Una es la restricción energética -continuó señalando- que Argentina ha perdido el superávit que tenía en materia energética, tiene déficit ya hace tres años. Y la otra restricción es la disponibilidad de dólares porque también ha perdido la fortaleza del sector externo, de manera tal que es una coyuntura realmente muy delicada sobre la cual se ha sumado -pero no es la causa- esta complicación con la justicia de los EEUU en relación al juicio de los tenedores de títulos que no entraron en la reestructuración de la deuda”.
En referencia al proyecto de Pago Soberano Local enviado por el Ejecutivo nacional al Parlamento, Blanco sostuvo que “en la exposición de motivos del gobierno además de detallar la evolución que ha tenido este conflicto, explícitamente dice que está motivada la necesidad de eludir el cumplimiento de la sentencia”.
“Esto abre un interrogante sobre si en enero, después de que no exista más la vigencia de la clausula RUFO, va a haber un cambio de actitud o no, por ahora el proyecto claramente tiende a eso, ha generar un mecanismo que permita una maniobra de elusión de la sentencia de la justicia norteamericana”, añadió.
Ante la consulta de cómo salimos de esto, el economista consideró que es “una situación muy complicada la cual requiere de arranque una dosis de credibilidad que parecería que el gobierno ya no tiene, y a esa dosis de credibilidad hay que sumarle un programa razonable, de estabilización de la economía que pase por un alto grado de consistencia entre las políticas monetarias cambiarias y la política fiscal”.
