Córdoba. En un comunicado, la UCR sostuvo que la imputación al intendente Ramón Mestre es una estrategia del ‘delasotismo’ y de otras variantes con el objetivo de “perpetuarse en el poder».
El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical adjudicó al gobernador De la Sota, y al senador nacional, Luis Juez, las “maniobras” para que el intendente capitalino, resultara imputado por la Justicia Federal por presuntas irregularidades con subsidios nacionales destinados al transporte de pasajeros.
El radicalismo expresó que la imputación al intendente Mestre es una estrategia del ‘delasotismo’ y de otras variantes con el objetivo de “perpetuarse en el poder”, tanto provincial como municipal.
El comunicado, que lleva la firma del titular partidario Jorge Font, añade que la decisión del fiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, tiene que ver con un “vínculo funcional e ideológico con su antiguo jefe, De la Sota» y al secretario del fiscal, Daniel Maldonado, por ser ex funcionario de Juez cuando fue intendente capitalino.
Asimismo, destacó que “la UCR es un partido identificado con la decencia pública y rechaza cualquier distracción en la persecución de actos ilícitos e inmorales en la acción de gobierno”.
Desde el punto de vista jurídico el radicalismo considera que en la acusación “no existe ninguna prueba seria que un sólo peso de los subsidios pueda haber ido a parar al bolsillo de los funcionarios imputados, sino porque la misma calificación legal intentada por el fiscal aparece poco sólida” por la no consumación del presunto delito.
El martes último, el fiscal Vidal Lascano promovió la imputación contra el intendente Mestre por el delito de ‘defraudación en perjuicio de la administración pública’, con alcances al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac y al actual funcionario del área, César Ferreyra y al titular de la empresa de transporte Ersa, Juan Carlos Romero.
A los cuatro se los acusa de maniobrar de manera ilegítima para hacerse de subsidios nacionales destinados a la compra de combustibles para las unidades de la Tamse que fueron desviados a la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe.
Por su parte, el jefe comunal negó el desvío de fondos de Tamse a la empresa concesionaria del servicio de transporte público. Aseguró que se obró con “total transparencia”.
El jefe comunal se puso a disposición de la justicia para aportar más pruebas a la causa que fue impulsada por el concejal Daniel Juez (FC).
Fuente: Télam y Redacción
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