Córdoba. La legisladora Elisa Caffaratti (UCR) le pidió al ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini, que de forma urgente instrumente un monitoreo sobre el estado nutricional de la población cordobesa, especialmente de los niños y niñas.
La parlamentaria demandó también, que confeccione un mapa de la situación de riesgo e inseguridad alimentaria provincial; y rediscuta los términos del convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal con el gobierno Nacional, principalmente en lo referido al monto final que reciben los beneficiarios.
“Ante la alarmante situación social, en especial los índices de inseguridad alimentaria reconocidos -por funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales-, se hace necesaria y urgente la revisión de los programas alimentarios de las distintas jurisdicciones y de los montos asignados al citado programa”, destacó Caffaratti.
“La inseguridad alimentaria en nuestro país, y particularmente en Córdoba no es una problemática que debamos minimizar, menos aun ante la preocupante situación social que se hace visible entre otros signos en el aumento de la demanda de alimentos en diversas asociaciones y establecimientos públicos que ejecutan programas alimentarios”, añadió la legisladora Radical.
Recientemente la Universidad Católica Argentina publico el 4° Informe del Barómetro de la Deuda Social de la infancia. Entre sus objetivos dicho informe pretende elaborar un índice de seguridad alimentaria que permita analizar la situación de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos en los hogares con niños, contemplando principalmente la imposibilidad del acceso al alimento por dificultades económicas.
Según los datos relevados por el informe del año pasado 2 de cada 10 niños se encontraban en situación de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos, siendo mayores las probabilidades de no haber realizado las 4 comidas diarias en los hogares de la clase trabajadora marginal.
Tanto en el año 2012 como en el 2013 el bloque radical acompañó el convenio firmado entre la provincia de Córdoba y la Nación para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal.
“Sin embargo en ambas oportunidades planteamos objeciones en relación a la ejecución del programa en coincidencia con el análisis que efectuara la Auditoria General de la Nación en relación a que el valor de las prestaciones no alcanza para cumplir con las metas propuestas, y que los aportes monetarios no aseguran una efectiva contribución para reducir la inseguridad alimentaria”, puntualizó la radical.
El aporte resulta insuficiente para reforzar la seguridad alimentaria de un hogar tipo. Cabe recordar que hasta el año 2013 el aporte por familia fue de $ 52 y a partir del 2014 este monto se elevó a $ 80 mensuales por familia.
Asimismo, el Radicalismo planteó la superposición y falta de coordinación de los diversos programas alimentarios que coexisten a nivel municipal, provincial y nacional.
“Los insuficientes fondos y la abultada deuda que la provincia mantiene con los municipios y comunas en relación a estos programas lleva a que, pese a los esfuerzos de las instituciones que están al frente de estos comedores, la calidad nutricional de las prestaciones se vea seriamente afectada”, opinó Caffaratti.
