Nacionales. En una sesión maratónica, el oficialismo K obtuvo los votos necesarios para aprobar en la madrugada de este jueves, la polémica reforma de la ley de abastecimiento. El G6 ya había expresado su rechazo al proyecto enviado por el Ejecutivo comandado por CFK. Con el hecho consumado en el Congreso Nacional, los empresarios avanzan en la preparación de una estrategia judicial para pedir la “inconstitucionalidad” de la norma.
El grupo que nuclea a las seis entidades empresariales se reunió ayer con motivo de la inminente aprobación de la iniciativa que modifica la ley de abastecimiento, algo que finalmente ocurrió durante la madrugada. En la oportunidad, los directivos formularon -sin éxito- un último llamado a los diputados para que voten por la negativa del proyecto impulsado por el oficialismo kirchnerista que tuvo un tratamiento exprés en la Cámara Baja.
“Es inconstitucional, porque vulnera al menos tres principios importantísimos: el derecho a la propiedad, el derecho a asociarse para ejercer industrias lícitas, y la delegación de facultades judiciales en el Poder Ejecutivo, algo prohibido por la Constitución”, afirmó Luis Etchevehere (Sociedad Rural Argentina).
En tanto, los representantes de los sectores de la construcción, la industria, el agro, el comercio, el mercado de capitales y los bancos que conforman dicho foro empresario, manifestaron “su preocupación por el impacto adverso que traerá aparejado” la nueva ley de Abastecimiento en la actividad económica, la inversión y el empleo en el conjunto de los sectores de las diferentes provincias del país.
Una de las mayores preocupaciones de los integrantes del G6 son las facultades extraordinarias que el Congreso de la Nación le está delegando al gobierno nacional, “validando mayores intervenciones discrecionales en la actividad económica con las implicancias negativas ya observadas en los últimos años. En el actual contexto económico se deben alentar la producción, la inversión y la generación de puestos de trabajo”, alertó el núcleo empresario en un comunicado.
Por su parte, la UIA ya había cuestionado el proyecto, argumentando que “potencia la intervención discrecional del Estado en la economía y en las empresas, confiando márgenes de utilidad, niveles de stock, precios, volúmenes de producción y canales de distribución, entre otros mecanismos de intervención”.
“Estas atribuciones constituyen una violación a la Constitución Nacional al otorgar una delegación abierta al Poder Ejecutivo, sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el Art. 76 de la CN., en un claro avance contra el derecho a la propiedad privada”, aseveró la Unión Industrial Argentina.
Se conoció que en la reunión de ayer, en la cual participaron Norberto Peruzzotti (Adeba); Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio); Héctor Méndez y José Ignacio de Mendiguren (UIA); Carlos de la Vega (Cámara Argentina de Comercio); Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), y Luis Etchevehere (SRA), se avanzó en la preparación de una estrategia judicial con el propósito de que se declare la “inconstitucionalidad” de la norma sancionada por el kirchnerismo y aliados, según publicó el diario Clarín.
