En alusión a las críticas opositoras, Julián Domínguez aseguró que “este nuevo Código se ha debatido en más de doce lugares de la Argentina con más de 1mil ponencias”. “Se ha dado un debate intenso, ha tenido un tiempo de maduración y ahora venimos a cerrar esta tarea, en la que hemos puesto mucho empeño y esfuerzo», destacó.
El bloque del FPV impulsará la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que presenta innovaciones en temas como la fertilización asistida, el matrimonio, el divorcio y las uniones por convivencia, entre otros puntos. El presidente de la Cámara Baja resaltó especialmente los cambios que se incluirán en materia de adopción. «Un tema que la sociedad viene reclamando desde hace mucho tiempo», sostuvo.
En ese sentido, especificó que «hay 12.800 niños en condiciones de ser adoptados, pero todavía se presentan muchas dificultades. Esta reforma va a simplificar el proceso para muchos papás, con todas las garantías necesarias», opinó.
«El segundo elemento importante es en materia comercial, ya que se simplifica la constitución de sociedades. Y todo el proceso en materia de separación y divorcio«, puntualizó.
Recurso de amparo opositor
Por su parte, la oposición ya empezó a desplegar su accionar en el plano judicial ante la inminente sanción de la norma. La diputada Elisa Carrió presentó un recurso de amparo para que el nuevo Código no sea tratado en la Cámara Baja.
Al respecto, lo calificó de «absolutamente ilegal porque viola el principio de formación y sanción de las leyes establecido en la Constitución».
«Me niego a tratar una ley que va a cambiar las relaciones privadas de todos los argentinos porque tratarla sería plegarme al antirrepublicanismo«, manifestó y opinó que el plan del gobierno es ir «por todos y por todas: por los 40 millones».
Haciendo hincapié en la “inconstitucionalidad” de la Comisión Bicameral que se formó para el tratamiento de la reforma, Carrió denunció la complicidad de opositores y advirtió que ahora por más que se muestre en contra, “ya es tarde”.
La chaqueña también criticó a la Iglesia al mencionar que el proyecto se reflotó tras el encuentro que mantuvo la presidenta con el Papa Francisco la semana pasada en el Vaticano. «Me preocupa que la Iglesia forme parte de este lobby por fuera del Parlamento», remarcó.
Otro de los parlamentarios que podría recurrir a la Justicia, es el titular del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo. Se mostró preocupado por el tratamiento “exprés” que la bancada oficialista impulsa darle a la iniciativa. Anticipó que, de ser aprobado, concurrirá a la Justica para que intervenga.