Funcionarios “bajo la lupa”: Proponen Control Administrativo sobre cese de gestión

garcia elorrioCórdoba. La propuesta es impulsada por el legislador Aurelio García Elorrio (EVC). El vecinalista insistió en su proyecto de ley que tiene como antecedente el “Juicio de Residencia” sobre funcionarios españoles que luego dicha modalidad se extendió a América. También se incluye la posibilidad de formular quejas, hacer denuncias o solicitar la investigación de hechos concernientes a la gestión de un funcionario.

El parlamentario consideró que el “el Estado Provincial es solidariamente responsable por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones y estará obligado a promover acción civil  de repetición contra los que resultaren  responsables”.

En ese sentido, García Elorrio precisó que la iniciativa alcanza a los funcionarios que ocupen cargos electivos, así como los ministros, secretarios y subsecretarios provinciales y los funcionarios públicos que establece el capítulo IV de la Ley 7.630 (Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia).  

El legislador del bloque Encuentro Vecinal Córdoba indicó que como antecedente de lo propuesto, se encuentra el “Juicio de Residencia”, el cual representaba una investigación gubernamental sobre el desempeño público de los funcionarios españoles que acaban su actuación, y luego esta modalidad se extendió a América.

En esa línea, defendió su iniciativa de ley, al precisar que los funcionarios que ocupen cargos fundamentales queden sujetos al Control Administrativo sobre el cese de su gestión, por el término de 12 meses contados a partir de la finalización de su mandato o cese de funciones.

Sostuvo además que la Autoridad de Aplicación debe ser el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, “ya que este es el encargado del control de la inversión de caudales públicos”, señaló.

Para García Elorrio, hay que implementar cuanto antes esta modalidad que aporta claridad al sistema público. El proyecto  también contempla la posibilidad de que “toda persona física o jurídica podrá formular quejas, hacer denuncias o solicitar la investigación de hechos concernientes a la gestión del funcionario”.

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