Córdoba. El “narcoescándalo” que tiene como principal acusado al ex jefe de la división antidrogas, Rafael Sosa y otros cinco policías, llegó al final de su etapa de instrucción. El fiscal Enrique Senestrari cerró su investigación y requirió elevar la causa a juicio. No sin antes recordar que no hubo colaboración de las instituciones provinciales para la investigación. Calificó la causa de compleja y politizada.
El fiscal federal acompañado por el titular de la Procunar, destacó tener pruebas contundentes en contra de seis imputados: Rafael Sosa, Alfredo Seine, Fabián Peralta Dattoli, Franco Agüello, Mario Osorio y Gustavo González.
También se requirió la elevación a juicio respecto de Juan Francisco Viarnes. Al estar prófugo de la justicia, su situación deberá ser definida por el juez Bustos Fierro, al momento de elevar la causa a juicio.
Los cargos que pesan sobre los uniformados, son: Asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y falso testimonio.
En diálogo con la prensa, Senestrari consideró haber llegado a “un buen resultado en un tiempo bastante corto para la complejidad del caso”.
Asimismo, expresó que durante su investigación “no hubo ninguna colaboración de las instituciones provinciales”. Debido a esto, recordó que el trabajo de la fiscalía se hizo con apoyo de Procunar y Policía Aeronáutica.
De hecho, la conferencia de prensa convocada por el fiscal de la causa del “narcoescándalo” estuvo encabezada por el propio Senestrari y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous.
A su turno, Crous manifestó el “apoyo institucional explicito en este momento que es un hito dentro del proceso penal y acompañar al colega que reciba la causa en la instancia de juicio propiciando que prontamente se realice el debate”.
También opinó sobre el contexto politizado del caso. Al respecto, consideró que en algún modo, es natural, “cuando se tocan instancias institucionales de tanta jerarquía dentro del poder político local existan reacciones”.
“Pero nuestro deber es consolidar nuestro lugar institucional, el ministerio público, investigando y acusando que es lo que hace mi colega Senestrari y lo hace de un modo con mucha integridad, con mucho valor”, subrayó.
En cuanto a la tensa relación en el proceso con el juez Bustos Fierro, Senestrari circunscribió tal situación al caso en particular. “Lo que pasa que cuando son casos muy complejos, donde hay muchos intereses, muchos problemas en juego, a veces empiezan las tensiones porque cada uno tira para un lado diferente y genera esto, pero confío en que mas allá de estos casos seguiremos trabajando normalmente”, indicó.
Se conoció además que el fiscal Gustavo Vidal Lascano tiene a su cargo una investigación por un aviso de amenaza que alude a Senestrari y al abogado Carlos Nayi. El fiscal federal del “narcoescándalo” precisó que no fue amenazado directamente, pero hay un aviso que señala que alguien estaría planteando entre policías, “que alguien se dedique a bajarnos al doctor Nayi y a mí”, confirmó Senestrari.
El requerimiento
En el escrito presentado al Juez Bustos Fierro por Félix Crous y Enrique Senestrari pidiendo la elevación a juicio de la causa, se sostiene que Sosa “se valió de la estructura jerárquica y de roles de la dependencia mencionada, con la intervención de parte del personal subalterno de la misma entre los cuales se encuentran identificados Fabián Peralta Dattoli, Franco Sebastián Arguello, Alfredo Damián Seine, Julio Gustavo González, para la comisión de delitos tales como: la generación de sumarios policial es basados en información falsa, con la incorporación en las tareas de investigación a modo de agente encubierto y/o agente provocador del encartado Juan Francisco Viarnes y de Daniel Córdoba”.
De acuerdo a la investigación, las maniobras ilegales que los acusados habrían llevado adelante incluyeron la generación de sumarios policiales falsos; la exigencia de dinero a personas investigadas para no complicar su situación o beneficiarlos; la sustracción de estupefacientes secuestrados en allanamientos; el cobro de montos periódicos de dinero a diversas personas a cambio de permitirles realizar su actividad de venta de drogas, entre otras, según indicó el portal Fiscales.gob.ar del texto presentado al Juez.
Los fiscales sostuvieron que “como consecuencia de las actividades descriptas esta organización generó informes ideológicamente falsos, manipuló las transcripciones de intervenciones telefónicas a los efectos de ocultar la presencia y la identificación del agente encubierto ilegal y de otras circunstancias de la investigación que pudiera comprometer su responsabilidad”.
“Prestaron declaraciones testimoniales falseando la información acerca de las diversas investigaciones realizadas y mediante tales actos, engañaron a los diversos tribunales y fiscales federales intervinientes; obtuvieron órdenes de allanamiento y de detención contra las personas investigadas, privándolas ilegalmente de su libertad. Del mismo modo ocasionaron que los integrantes del Ministerio Público Fiscal interviniente en cada caso formularan requerimientos de instrucción, de elevación a juicio, e incluso alegatos y pedidos de condena contra las personas involucradas en los procesos fraudulentamente gestados, llegando en algunos casos a motivar con ello la condena de personas que aún a la fecha se encontrarían cumpliendo pena en establecimientos carcelarios”, detallaron además.
