Córdoba. En la tarde del martes, en reunión conjunta de Comisiones de la Unicameral, el bloque de UPC despachó el proyecto de ley que, a instancia del fiscal Moyano, el Ejecutivo provincial envió para su aprobación por parte del Poder Legislativo. La iniciativa que crea la estructura organizacional, funcional y escalafonaria de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, será trata en la sesión de este miércoles. Se espera el rechazo al menos del juecismo y del FIT.
Las posiciones de los bloques parlamentarios ya son conocidas. Es que la Fuerza Antinarcótico fue creada por ley 10.200 en la sesión del 9 de abril del presente año. En esa oportunidad, UPC, UCR, EVC, PRO, FPV y Socialismo dieron el apoyo para la sanción de dicha norma.
En tanto, el Frente Cívico y el Frente de Izquierda rechazaron su aprobación con duros cuestionamientos al gobierno delasotista tras sus 14 años de gestión y el no haber planificado políticas en materia de lucha contra el narcotráfico.
Se descuenta que en esta instancia, el resultado será en igual sentido. Salvo que haya cambios de último momento tras la reunión de labor parlamentaria y de los bloques en particular, que se llevarán a cabo en el transcurso de la mañana y el mediodía del miércoles.
En plenario de comisiones, el proyecto original fue observado por legisladores de los bloques de la oposición. Al respecto, hubo algunas sugerencias de modificaciones, pero nada de fondo.
Con despacho emitido por las Comisiones -con las firmas de parlamentarios oficialistas y de Aurelio García Elorrio (EVC)– el bloque de la mayoría impulsará su tratamiento en la presente sesión de la Unicameral.
Cabe mencionar que al momento de la sanción de la norma 10.200, se estableció que la estructura funcional de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la carrera profesional, el régimen disciplinario y demás derechos, obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades de sus integrantes sería establecida por ley, a propuesta del Fiscal General.
Es así que “el mencionado funcionario eleva el proyecto de ley adjunto, manifestando que se tuvieron en consideración diversas experiencias de orden provincial, nacional e internacional, entre las que se destacan la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las Policías Nacionales de Colombia y Ecuador; de igual manera, fue estudiada y considerada la legislación provincial que regula a la Policía de Córdoba y a la Policía Judicial”, expresó De la Sota en los fundamentos de su elevación al Parlamento cordobés.
Asimismo, indicó que la norma que propone el fiscal Moyano y que fue girada por el Ejecutivo provincial, “se estructura en diez Títulos en los que se aborda de manera integral la manera en que ha de organizarse la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el vínculo laboral de su personal, haciéndose especial hincapié en el respeto irrestricto por el Estado de Derecho y la profesionalización en el desempeño de sus funciones”.
En cuanto a la cadena de mandos, el propio mandatario la calificó de “compacta, con cuatro niveles jerárquicos”. A su vez, se establecen criterios generales para la implementación de un sistema permanente de evaluación, como base para el desarrollo profesional en la fuerza, en la que los procesos de Evaluación y Promoción serán coordinados por un «Comité de Evaluación Profesional y Promoción«, conformado por representantes del Ministerio Público Fiscal, la Comisión Legislativa para el Seguimiento y Control de la Lucha Contra el Narcotráfico, la Escuela de Formación y Capacitación y por personal de la propia FPA.
En referencia a quien podrá conducir la nueva fuerza policial, el texto con las razones para su tratamiento parlamentario advierte que “en concordancia con las más modernas fuerzas de seguridad, la conducción podrá ser ejercida por personal civil, en tanto que la estructura operacional será ocupada únicamente por el personal con estado policial; las áreas de administración y apoyo logístico tendrán, por su parte, carácter civil. Se propone asimismo que la gestión presupuestaria y financiera, como el régimen de compras y contrataciones, se regulen conforme a las disposiciones aplicables a la Administración General de la Provincia”.
Por último, De la Sota resaltó que “se propone una normativa que, además de regular la relación de empleo y fijar la estructura funcional de la fuerza, da precisas pautas sobre la conducta que debe guiar sus acciones en el combate del flagelo del narcotráfico”.
