Nacionales. Ante la aprobación del nuevo Código por parte del oficialismo y sus aliados, diputados cordobeses de la UCR, expresaron sus argumentos por los cuales rechazaron la reforma impulsada por la administración kirchnerista. Para Diego Mestre, la designación de funcionarios judiciales y fiscales generales, será para tener “adherentes al gobierno nacional”. Por su parte, el titular de la bancada opositora, Mario Negri, defendió el proyecto alternativo presentado por el Radicalismo.
“No escuché cual es el criterio de oportunidad para designar mediante este proyecto de ley, a 1.700 funcionarios judiciales y 17 fiscales generales. Mediante este proyecto también, se establece que va a entrar en vigencia el nuevo modelo acusatorio, cuando se dicten las distintas leyes de implementación y también deberá crearse una comisión bicameral”, manifestó Mestre en su discurso, durante la maratónica sesión de ayer.
“El verdadero motivo para tales designaciones no es más que para tener un ejército de fiscales adherentes al gobierno nacional, sin tener en cuenta la verdadera idoneidad para ejercer el cargo, sino la fidelidad al partido político gobernante”, cuestionó el parlamentario nacional.
Por otro lado, opinó acerca del articulado donde la Nación entiende en delitos como la corrupción de funcionarios nacionales en relación a la cosa juzgada fraudulenta. Al respecto, Mestre, resaltó: “Que indique que solamente lo puedan peticionar los perjudicados por una sentencia, es el verdadero y perfecto corolario jurídico que lleva al camino de la impunidad”.
En ese sentido, sostuvo que espera que los funcionarios de este gobierno que están procesados tengan condena no sólo política y social. “Pretendemos que tenga condena jurídica pero con este proyecto eso no se logrará y se afectará la forma republicana de gobierno y el artículo 1 de la Constitución Nacional”, concluyó.
En el cierre del debate, Mario Negri, recordó que “en los ochenta Alfonsín marcó el camino, con el Consejo de Consolidación de la Democracia (1985), propiciando el debate de un Código Procesal Penal (1987) y aún de un proyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial (1987)”.
Entre los puntos de la iniciativa radical, se destaca la formulación del “non bis in ídem” (art. 5) que “realmente proteja de la doble persecución y que no busque garantizar impunidad u olvido, pues permite reabrir las causas sí hay cosa juzgada fraudulenta”.
Se elimina por completo el Anexo II de creación de órganos y cargos en el Ministerio Público, y redistribución de las causas. “Lo hacemos porque consideramos que la necesidad de crearlos en todo caso surgirá de un análisis posterior a consciencia sobre cómo implementar el CPPN”, se indicó.
Por ello, se propuso una nueva Ley Orgánica de Ministerio Público, que entre otras cosas dispone: Cambiar el modo de designación de magistrados. “El Procurador ya no va a ser quien proponga, sino el Consejo Fiscal, y para los más altos cargos van a tener que tener 2/3 de acuerdo en Senado”.
Además, se establece por ley el procedimiento de selección, “no dejándolo como ahora a arbitrio y discreción de reglamentos dictados por el Procurador”.
Crear la Comisión Bicameral Permanente de Ministerio Público, que debería haberse creado desde la sanción de la Ley actual, como parte del control externo del Ministerio Público (junto con la AGN).
El bloque radical, acompañó a la propuesta de nueva Ley Orgánica de Ministerio Público, una Ley de Juicio por Jurados, que fija un procedimiento especial con participación de 12 jurados no profesionales para delitos dolosos con resultado de muerte; delitos cometidos en perjuicio de la administración pública; y delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
