Córdoba. Tras el escándalo político desatado por las cámaras ocultas del programa ADN difundidas por el abogado Marcelo Touriño, donde se muestra al ex titular de Kolektor, Hermann Karsten, ofreciendo pauta publicitaria -en nombre del gobierno- al periodista Tomás Méndez para que “sacuda a veces” al Ejecutivo y ataque a la oposición, que luego trajo su correlato en la justicia por las demandas de investigación de legisladores del arco opositor, el gobierno de Córdoba guardó silencio oficial una semana. Este lunes, se conoció el pronunciamiento de la administración provincial sobre la polémica que involucra a la empresa concesionaria que presta servicios en materia de recaudación de impuestos.
Ante los cuestionamientos de la oposición y la investigación iniciada por la justicia, personificada en el fiscal Hidalgo, la administración provincial señaló que “facilitará el accionar judicial, poniendo a disposición de los investigadores todos los elementos de juicio que se nos requieran”.
Asimismo, prestará colaboración en “el testimonio y la presentación inmediata de todos los funcionarios públicos que puedan ser requeridos”.
El comunicado oficial hace mención al “accionar judicial” y no entra en detalle sobre las presentaciones hechas ante el Fiscal General, Alejandro Moyano, derivadas a Hidalgo, y la formulada por espionaje en Tribunales Federales por parte del legislador Aurelio García Elorrio.
“Frente a los hechos de dominio público, nuestro gobierno no puede hacerse responsable de los dichos o hechos de funcionarios de empresas concesionarias o prestatarias de servicios”, manifestó el Ejecutivo provincial, en un comunicado.
En ese sentido, destacó que “son empresas privadas que deberán responder ante la Justicia, y en caso de ser procesados sus directivos, el gobierno decidirá la acción a tomar, que podrá llegar hasta la rescisión del vínculo jurídico existente, si así correspondiere”.
Esto último fue pedido por la oposición en la Unicameral. Desde las bancadas opositoras demandaron romper el contrato de concesión con la firma. El gobierno respondió que analizará una decisión de esa magnitud, en el caso de ser procesados los directivos de Kolektor.
También hubo reproches a los políticos que dispararon sus críticas hacia el Poder Ejecutivo encabezado por De la Sota. Al respecto, en tono conciliador, advirtió que “en nuestra provincia la ciudadanía acostumbra a elogiar los aciertos y criticar los errores de sus mandatarios, pero siempre ha rechazado los agravios y las peleas feroces entre políticos”.
En ese marco, el gobierno resaltó que “el ejercicio democrático exige madurez y responsabilidad”. Claro mensaje destinado a la oposición cordobesa. “Nuestro gobierno aprecia las críticas constructivas y acepta el intercambio de opiniones fuertes y honestas en la construcción de una Córdoba democrática”, añadió.
Por último, la administración delasotista, remarcó que “cuando algún funcionario público es denunciado formalmente, se pone inmediatamente a disposición de la Justicia, sin ningún tipo de privilegio ni fuero”.
