Córdoba. La agrupación política y social de Unidos y Organizados de Córdoba manifestó su “enérgico repudio” por la decisión del Ejecutivo provincial de “trasladar compulsivamente” a dos profesionales del área de Salud Mental y referentes de los Derechos Humanos (DDHH).
El sector del kirchnerismo local resaltó que las profesionales psicólogas trasladadas, Jacinta Burijovich y Cecilia Berra, tiene una “amplia trayectoria y gran compromiso con los Derechos Humanos”, y entiende que la maniobra de traslado tiene que ver con la “valentía” que las caracteriza en el reclamo por la vigencia plena y efectiva de la Ley Provincial 9848 y la Ley Nacional 26657 de Salud Mental.
Ambas profesionales se desempeñaban, desde hace 20 años, en el Hospital Neuropsiquiátrico provincial y en los últimos días fueron notificadas del pase a comisión a dispensarios de los barrios Maldonado y Pueyrredón de la ciudad de Córdoba.
“El castigo al que son sometidas estas trabajadoras por realizar un análisis crítico de la situación de la salud mental y los Derechos Humanos en nuestra provincia, a partir de su práctica profesional, consideramos que forma parte de la violación de derechos padecida diariamente por los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba”, sostuvieron desde UyO.
Asimismo, expresaron que la situación “es peor para quienes viven en un estado de vulnerabilidad, como el caso de los que padecen detenciones arbitrarias, jóvenes víctimas del Código de Faltas; o la existencia de celdas de aislamiento tanto en cárceles como en los neuropsiquiátricos”.
“Ante esta nueva arbitrariedad, exigimos al Gobierno de Córdoba la inmediata restitución de estas trabajadoras a sus puestos, y la implementación en pleno de la Ley de Salud Mental, con el consiguiente cambio de prácticas, para alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos de los trabajadores y de los ciudadanos con padecimiento mental”, demandaron desde el espacio kirchnerista.
Mientras tanto, una asamblea que se realizó ayer en el Hospital Neuropsiquiátrico, con la participación de trabajadores, colegios profesionales, organizaciones gremiales y sociales, se resolvió exigir que se dé marcha atrás en los traslados.
