El tres veces gobernador pronunciará su discurso anual en la sesión inaugural que se llevará a cabo este domingo en el recinto de la Legislatura cordobesa. Conforme lo establece la Constitución Provincial, el 1 de febrero, De la Sota dará inicio a un nuevo período de sesiones ordinarias en la Unicameral.
Está previsto que la sesión comience a las 10:30hs. y será presidida por la vicegobernadora Alicia Pregno. De la Sota estará flanqueado por los miembros del gabinete delasotista y los dirigentes peronistas de su máxima confianza.
Se espera que el mandatario devele la fecha del llamado a elección provincial separado de los comicios presidenciales. Resulta ser que Córdoba es una de las pocas provincias que todavía no dieron a conocer su calendario electoral.
La versión más firme es que será el 28 de junio. Ese día se elijará gobernador y vice, y legisladores provinciales. En los últimos días también se corrió el rumor de que habría cambios en la estructura ministerial y de quienes conducen algunos ministerios. Habrá que ver si el gobernador confirma o descarta el dato. De ser cierto, el gobernador deberá enviar a la Legislatura un proyecto de ley con la nueva Orgánica para su aprobación.
En Agenda
Habrá que ver hasta dónde llegan los consensos (o disensos) entre el oficialismo y el arco opositor, en un año político, donde habrá cruces de acusaciones por el manejo de los fondos públicos y la efervescencia en torno a las campañas electorales.
A los legisladores les espera el tratamiento de asuntos de singular relevancia social. El debate arrancará con el Código de Convivencia (Ex Código de Faltas), la iniciativa quedó pospuesta para ser abordada en febrero, ese fue el compromiso de los parlamentarios de UPC y los bloques opositores.
Las distintas bancadas que integran la Unicameral, “se comprometen a trabajar, en el mes de febrero, en la construcción de un mayor consenso, escuchando e intercambiando opiniones con algunos académicos, miembros del Poder Judicial y actores de la sociedad civil, en la búsqueda de un equilibrio que permita armonizar las distintas miradas de una sociedad”, destacaron en comunicado conjunto a mediados de diciembre del año pasado.
Hubo avances y retrocesos acerca de la iniciativa promovida por DLS. Quedó claro, en el último mes del 2014, que no estaban dados los consensos suficientes para sancionar un nuevo Código, más si se esperaba un fuerte rechazo de grupos sociales y de agrupaciones de izquierda que se preparaban para hacer oír su descontento -no de la mejor manera- en las puertas de la Legislatura.
El fondo que tiene que ver con la seguridad, apunta a mejorar comisarías y recuperar móviles dañados. Al respecto, se estaba trabajando en un anteproyecto para ser girado a la Unicameral con el respaldo de los intendentes y legisladores de todos los partidos políticos, lo que le daría a la iniciativa una base de consenso asegurada.
La modificación al Fondo de Niñez y Ancianidad no resulta un paso sencillo de dar, aunque ya hubo conversaciones entre los jefes comunales y la provincia. El cuestionamiento opositor está centrado en la deuda que el gobierno mantiene con los municipios y la asignación de recursos que el Ejecutivo estima “adecuados” para dichos planes.
En este sentido, el gobierno tiene dos anteproyectos que fueron distribuidos a los actores involucrados para su análisis. La primera iniciativa comprende la modificación de la normativa provincial que alude al Programa de Atención al Anciano en situación de vulnerabilidad social. Y la segunda propuesta, implica una reforma al Programa permanente de Atención a la Niñez y la Familia.
Lo que se busca es que a esta institución se le otorgue la facultad para accionar judicialmente. Argumentan que sin la legitimación procesal activa, quien debe defender a los cordobeses no lo puede hacer.
Hay numerosas iniciativas presentadas por diferentes legisladores que aguardan tratamiento en la Legislatura. Desde el oficialismo, tiempo atrás, afirmaron que estaban trabajando en torno a este tema.
Siendo un año electoral, es difícil que se eche mano a puntos de la reforma política que quedaron pendientes, mucho menos, si ello implica una reforma constitucional. Aunque todo depende de la conveniencia o no de la mayoría oficialista.
Se dieron varios pasos haya por el 2008, cuando se sancionó la reforma política, con la novedad de la Boleta única y una serie de cambios en el sistema electoral y de los partidos políticos. Entre ellos, estaba el financiamiento del Estado provincial de las campañas y la prohibición del financiamiento privado.
Pero, en 2010, el oficialismo frenó por única vez lo que se había dispuesto en la reforma a través de la ley 9.839 que suspendió el mecanismo. Este tema no es menor, más en el presente año, ya que tendría que ponerse en marcha el financiamiento estatal para la campaña electoral. Y donde hay reparto de fondos siempre hay cuestionamientos internos (en los partidos) y externos (de la sociedad).