Demanda a DLS: El Frente Cívico impulsa eliminación del Fuero Anticorrupción

sesion bancada juecismoCórdoba. El planteo del bloque opositor, que ya ingresó a la Unicameral como proyecto de ley, persigue derogar las leyes que dieron paso al fuero específico de lucha contra la corrupción. Para el Juecismo, se encuentra “colapsado” y acumula denuncias que no investiga y terminan archivándose.

A casi doce años de la creación de un fuero especializado que a la fecha se encuentra colapsado, que solo acumula denuncias que luego archiva, que no investiga y mucho menos condena, muestra la injusticia de esta pretendida justicia anticorrupción”, cuestionaron los integrantes de la bancada opositora.

En el marco de la muerte del fiscal Nisman que sacudió al país, y la búsqueda de independencia de la justicia, los juecistas exigieron al gobernador De la Sota que ponga fin a “un Fuero de excepción como el Fuero Penal Económico y Anticorrupción que ha garantizado la impunidad a los funcionarios denunciados”.

Por esa razón, demandaron su derogación por parte del mandatario provincial, “máxime cuando públicamente a nivel nacional ha manifestado la necesidad de la independencia de la justicia nacional y expresamente ha dicho “(…) yo voy a ir a acompañar a la marcha de los fiscales y magistrados como un ciudadano más (…)”, en señal de resguardar la independencia del Poder Judicial.

Ante este pronunciamiento de De la Sota en claro apoyo al reclamo de la marcha del #18F, el bloque del Frente Cívico, destacó: “A igual que a nivel nacional, en esta Provincia se  exige independencia de justicia y el Fuero Penal, Económico y Anticorrupción que por este proyecto se pretende derogar, no la garantiza”.

La iniciativa juecista, tiene como finalidad derogar el el Capitulo II del Título III Lucha contra la Corrupción de la Ley Nº 8835 “Carta del Ciudadano” y sus modificatorias. Como así también, la Ley 9.122 que modifica el art. 54 de la Ley 8835.

“Las causas que actualmente se tramitan en las denominadas “Fiscalías Anticorrupción”, serán distribuidas para su prosecución, por el Tribunal Superior de Justicia, entre los fiscales”, se precisó en el texto del proyecto de ley.