Ante la coyuntura por inundaciones que azotó a cinco regiones del territorio provincial, por la cual la administración provincial debió destinar fondos para afrontar la emergencia, hablar de financiamiento público a los partidos para la campaña electoral, resulta al menos un tema urticante en su planteo.
De este argumento se sostiene la posición del oficialismo para revisar lo que está plasmado en la ley electoral. Cabe recordar que UPC suspendió por única vez la vigencia de este aspecto de la norma, en la elección del 2011.
Resulta ser que la reforma política-electoral encarada en el gobierno de Schiaretti, dejó como saldo positivo el financiamiento público destinado a las fuerzas políticas para la campaña en los medios, con la finalidad de poner un tope a los fondos poco transparentes del sector privado a los partidos mayoritarios.
Dicha reforma estableció un fondo con ese fin, que al cabo de estos cuatro años, debió estar conformado por $60 millones. La oposición le reclama al Ejecutivo provincial que no destinó esos recursos como fija la ley. En la actual situación en que se encuentra Córdoba, resulta algo imposible de cumplir.
En ese sentido, remarcó que el gobierno “viene en absoluta falta con eso, porque tendría que haber depositado todos los años -desde hace cuatro años- un determinado porcentaje de recursos. Eso no se hizo, el Estado provincial no ha depositado un peso”.
Ante ese incumplimiento que es admitido por el gobierno y que tampoco está en condiciones de hacerlo ahora, el parlamentario radical, destacó que “merece un fuerte reproche de nuestra parte, porque ha tenido tres años con superávit fiscal y con otros excedentes que tendrían que haberle posibilitado al gobierno ir armando ese fondo”.
En ese cuadro de situación, el aporte para el financiamiento de la campaña será mucho menor; eso está claro, pero la discusión en el seno del Parlamento cordobés, está centrada en si se flexibiliza o no el aporte de los privados como lo plantea el oficialismo. Lo que implicaría un retroceso, en lo que se impulsó con la reforma político-electoral.
Por separado, tanto De Loredo como Montero, hicieron foco en el sentido de la reforma que le dio el visto bueno a la constitución del Fondo. Al respecto, la parlamentaria juecista subrayó: “hay que entender el financiamiento público como uno de los mecanismos que genera transparencia y equidad”.
“El mundo avanza hacia el financiamiento público precisamente para evitar los nichos de corrupción en el financiamiento de las campañas políticas por parte de las grandes corporaciones, los grandes lobby e incluso el narcotráfico que pone dinero con el fin de lograr impunidad”, opinó.
En tanto, el radical, aclaró que el aporte público a las campañas, implica “poner una valla de contención al financiamiento privado que siempre es polémico, que siempre es oscuro, y que forma parte de los procesos menos transparentes que tiene la política”.
“Yo me opongo tajantemente a eso, porque eso se presta a la corrupción”, advirtió en declaraciones a este medio digital. El vecinalista tomó como referencia lo que ocurre en el sistema nacional, en donde hay financiamiento público.
Consultado por Agenda 4P, el titular del bloque de UPC, afirmó que el tema del financiamiento hay que abordarlo, porque al entrar en vigencia (tras haber sido suspendido para la elección del 2011), “hay que repasar si la norma que fue dictada en 2008 es propicia o no para este momento”.
Según lo que marca la norma, “este año, el Ejecutivo tendría que dar una asignatura presupuestaria de una determinada cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero hoy el Estado no la puede distraer en un momento de emergencia en el que estamos viviendo”, precisó.
Por lo tanto, Busso dejó en claro el planteo oficialista: “Habrá que replantear cuál va a ser la asignación que el Ejecutivo estaría dispuesto a poner para financiar la campaña electoral”.
“Si nosotros retraemos parte del financiamiento público dando un menor volumen de recursos, seguramente habrá que engrosar un poco más el financiamiento privado”, apuntó el oficialista, al considerar que se deberá prever fondos “más o menos racionales para llevar adelante una campaña electoral no solamente provincial, sino local”.
Puntos en donde hay acuerdo
Los titulares de los bloques parlamentarios si avanzaron en algunos consensos de orden operativo que son necesarios de resolver con alguna urgencia. De acuerdo a las experiencias de implementación de la Boleta Única en la elección pasada, se aceptaron sugerencias para cambiar su diseño con la finalidad de salvar la confusión que surgió con respecto al casillero para votar lista completa y el que correspondía al candidato a gobernador.
Hay un segundo punto a modificar a pedido del Tribunal Electoral. En el cronograma, los plazos le quedan cortos para la impresión de una Boleta que es bastante estricta en sus dimensiones. También hay consenso en torno a que el postulante a intendente pueda ser primer concejal. El actual instrumento de votación no permite ese mecanismo.