Según explicó el ministro Alak, el acuerdo rubricado este jueves, establece “actividades de cooperación jurídica y actualización normativa, con el objetivo puesto en la elaboración del digesto jurídico provincial y en la concreción de proyectos normativos de actualización y modificación de la normativa provincial”.
En ese sentido, el funcionario nacional, consideró que “los beneficios que genera la realización de un digesto jurídico son de relevancia absoluta, y por ello constituye un enorme desafío lograr que la provincia de Buenos Aires pueda también concretarlo”.
El acuerdo de colaboración prevé además que la cartera nacional, a través de su Programa de Fortalecimiento Institucional, desarrolle tareas de capacitación y actualización normativa de los operadores jurídicos y en la Escuela de Abogados de la Asesoría General de Gobierno bonaerense.
El convenio se sustenta en las recientes modificaciones que en materia de responsabilidad del Estado, medidas cautelares contra la administración, y demás modificaciones que se han implementado a nivel federal en la legislación de fondo.
Por lo cual, “resulta conveniente llevar adelante un relevamiento de la normativa provincial y verificar su compatibilidad con el nuevo ordenamiento jurídico nacional”, se indicó.
Asimismo, y con la inminente entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, “surge la necesidad de efectuar un estudio profundizado del impacto que genera en relación a la normativa provincial que regula diversas instituciones de derecho”, destacaron desde las áreas de ambas administraciones.