País. Acerca de los proyectos de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se tratan en el Senado de la Nación, el diputado socialista, Juan Carlos Zabalza, reiteró la posición del bloque de diputados que preside en cuanto a “la conveniencia” de reemplazar el modelo inquisitivo actual en manos de los jueces para pasar a un modelo acusatorio. Pero dejó en claro que desde el bloque socialista se opondrán “a toda medida que aumente la injerencia del poder político sobre la justicia”.
Para el parlamentario esto implica poner “la investigación a cargo exclusivo del fiscal y el juzgamiento en manos del juez, separando ambas funciones”. “Es un cambio que todos compartimos en general por cuanto significa transparencia, publicidad, rapidez, acceso a la justicia y protección a las víctimas «, consideró.
Sin embargo, el titular de la bancada socialista, señaló que “no es lógico dejar en manos de un solo funcionario la designación de miles de nuevos empleados o la reasignación de causas en trámite”.
“Teniendo en cuenta sobre todo, que los proyectos remitidos por el Ejecutivo no prevén ningún control efectivo sobre las decisiones de la Procuradora General de la Nación y de los nuevos fiscales”, remarcó.
Zabalza evaluó además que “las normas en debate no ofrecen las suficientes garantías de control interno y externo que aseguren que la nueva estructura garantice la independencia del Poder Judicial y que no sea una dependencia del Poder Ejecutivo de turno”.
“Así como nos opusimos al intento de modificación del Consejo de la Magistratura propuesto por el actual gobierno, nos opondremos a toda medida que aumente la injerencia del poder político sobre la justicia”, anticipó el diputado.
En esa línea, añadió: “Por eso creemos fundamental modificar los mecanismos y los criterios de selección para la incorporación de personal, que aseguren la transparencia y la independencia”.
“Si esto no es así el objetivo se desnaturaliza, y estas iniciativas tendrán como resultado colonizar la justicia penal con fiscales, funcionarios y empleados afines al gobierno”, concluyó.
En el Senado
Un plenario de comisiones del Senado aprobó un dictamen de mayoría sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que dispone poner en marcha la reforma a partir del 1 de marzo del año próximo, si es aprobada por el pleno de la Cámara en la sesión del próximo 27 de mayo.
El oficialismo logró el dictamen de mayoría sobre las modificaciones, mientras que el radicalismo y el peronismo disidente acordaron con algunos de los cambios pero cuestionaron las facultades delegadas a la Procuración General de la Nación y decidieron suscribir dictámenes en minoría.
Luego de una seguidilla de audiencias públicas por las que desfilaron en el último mes la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, juristas y representantes del Poder Judicial, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales firmaron un dictamen de mayoría que pospone la puesta en marcha de la reforma del 1 de septiembre al 1 de marzo de 2016.
