Córdoba. La Caja de Jubilaciones detectó cinco estafas contra sus arcas bajo esta modalidad. Con las denuncias presentadas en la Justicia, la entidad previsional, no sólo busca que se identifique y persiga penalmente a los defraudadores, sino también recuperar el dinero.
Los controles sobre el pago de haberes previsionales que viene aplicando la Caja permitieron detectar una vía, hasta el momento desconocida, a través de la cual se filtraban irregularidades contra el patrimonio de la institución, se confirmó desde el organismo.
Esta modalidad de fraude se origina cuando los allegados a la persona fallecida no entregan el DNI al Registro Civil. Es por eso que el certificado de defunción se emite sin identificar el número de documento de la persona fallecida. “Al no contarse con esa información los cruces de bases de datos no detectan algunos fallecimientos”, se indicó.
Al respecto, la Caja expresó que “identificada esta fisura se procedió a un minucioso análisis de la información disponible y así se detectaron cinco casos en los que se siguió depositando el haber a beneficiarios ya fallecidos y personas allegadas retiraron esos fondos de las cuentas bancarias”.
Al detectar esta irregularidad, “se hicieron las denuncias en la Justicia Penal a los fines de que investiguen los casos y se apliquen las sanciones que correspondan. Además en el ámbito de la Justicia Civil se iniciaron procedimientos para el recupero del dinero”, precisó en un comunicado.
En ese plano, la entidad previsional reveló que de los cinco casos el más significativo, tanto por el monto como por el periodo durante el cual se llevó a cabo la maniobra fraudulenta, es el de la beneficiaria Lilia Josefa Novelli de Guevara, quien murió en diciembre de 2011.
Alguien allegado continuó retirando hasta abril de 2015 los haberes de la fallecida que la Caja depositaba en una cuenta del Banco de Córdoba sucursal Cerro de las Rosas. De esta manera esta persona siguió percibiendo el pago, lo que le permitió apoderarse de 634 mil pesos.
Las otras cuatro denuncias, también se refieren al cobro de haberes de beneficiarios ya fallecidos. Son los casos de Elena Diony Peliza; Carlos Rogelio Balmaceda, Anastacia Bernabela Peralta, y Juan Carlos Joaquín Clericó.
Según explicó el titular de la Caja, Osvaldo Giordano, “la estrategia de la Caja es evitar someter a sus beneficiarios al trámite de demostrar periódicamente su supervivencia. Las razones van desde la cuestión práctica, ya que no garantiza que no se comentan fraudes, hasta la más importante que es no someter, por culpa de algunos inescrupulosos, a que la gente honesta a trámites burocráticos que obligan a estar demostrando permanentemente que sigue viva”.
En conferencia de prensa ofrecida en la sede de la Caja, el funcionario remarcó que “gracias a la mejora en los mecanismos de control, que incluye tanto cruces de base de información como visitas a beneficiarios a su domicilio, se evitaron fraudes por aproximadamente $28 millones”.
