País. Para el jefe de Gabinete, la magistrada «se mete donde no se tiene que meter«. El funcionario K señaló además que “opera a favor de los tenedores de títulos para que se les pague más”.
El ministro coordinador sostuvo este miércoles que la magistrada lo que «está haciendo es poner en tela de juicio el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano para armar una mega causa de los tenedores de títulos públicos que se ajustan por inflación para incrementar la deuda pública» y así «opera a favor de ellos para que se les pague más».
En diálogo con la radio La Red, Fernández fue consultado si la jueza Sarmiento está operando a favor de los tenedores de títulos para que se les pague más, y respondió: «Sí claro, no encuentro ninguna razón para hacer semejante cosa».
De esta forma, el je de ministros se refirió a la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó a la cartera de Economía informar sobre el índice de pobreza e indigencia del INDEC desde 2013 hasta la actualidad.
Para el funcionario del gobierno kirchenrista, «lo que hace la doctora Sarmiento es una de las tantas cosas que no se deben hacer, que es meterse en lo que uno no sabe. A mí lo primero que me gustaría escuchar es que la doctora Sarmiento me diga qué es un índice de pobreza, que seguramente no tiene ni la menor idea de lo que está hablando».
«En este momento lo que yo creo que está haciendo es poner en tela de juicio el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano para armar una mega causa de los tenedores de títulos públicos que se ajustan por inflación, para incrementar la deuda pública», opinó.
Más temprano, en su habitual diálogo con los periodistas en Casa Rosada, Fernández precisó que «ese índice no existe más porque se discontinuó, no es más lineal, no se mide sólo el ingreso, por lo que se mete donde no se tiene que meter; habla de lo que no sabe».
En ese marco, cargó contra la magistrada al querer saber «si la jueza sabe qué es el índice, así que lo que hace la jueza es hostigamiento”.
En definitiva, lo que hace es poner “en tela de juicio el precio al consumidor nacional urbano y provocar una demanda por parte de los tenedores de títulos que se ajustan por inflación y aumentaría la deuda de los argentinos», concluyó.
