Córdoba. En la sesión de este miércoles, tomó estado parlamentario un proyecto de ley que incorpora a los regímenes laborales vigentes la figura de la “licencia por violencia de género” como forma adicional de proteger a las agentes del Estado provincial, que luego el oficialismo lo presentó en conferencia de prensa. Desde la oposición, demandaron a la bancada de la mayoría un acto de “honestidad intelectual”.
Con motivo de la presentación del bloque de UPC, la parlamentaria Liliana Montero, opinó que le parece “muy bueno que el oficialismo haya tomado esta iniciativa y la convierta en un proyecto propio”.
Pero al mismo tiempo advirtió que “hubiese sido bueno que en un acto de ‘honestidad intelectual’ reconocieran la autoría de los trabajadores de la salud y de los legisladores que ya presentaron este proyecto”.
El planteo de la legisladora del arco opositor apuntó a recordar que existe un antecedente en el seno legislativo sobre las licencias por Violencia de Género que fue ingresado en este año con la rúbrica de cuatro parlamentarios del bloque del Frente Cívico.
Montero aclaró además que el proyecto se basó en una propuesta realizada por la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), la Fes.Pro.Sa. y la CTA Córdoba, algo que no hizo el oficialismo y tomó como “propia” la iniciativa.
En ese sentido, requirió que los proyectos en cuestión deben ser tratados en el marco de “otras tantas iniciativas parlamentarias” existentes, que tienen como objetivo “dar respuesta a la grave situación que atraviesa nuestra provincia en materia de violencia de género”.
“El debate no puede ser sobre un sólo proyecto, sino que debe ser integral, por eso lo fundamental es el tratamiento de las iniciativas que declaran la Emergencia en materia de Violencia de Género, pues esos proyectos de ley tiene una serie de medidas a tomar que son abarcativas de la problemática”, aseveró.
Este jueves, legisladores del bloque de UPC presentaron en conferencia de prensa, el proyecto que incorpora a los regímenes laborales vigentes la figura de la “licencia por violencia de género” como “forma adicional de proteger” a las agentes del Estado provincial.
El texto de la iniciativa que será tratada en comisión, establece que “corresponderá licencia con goce de haberes hasta un máximo de treinta días corridos, pudiendo ser renovado por el mismo plazo y por única vez, al docente que se desempeñe en establecimientos dependientes del gobierno de la provincia, que sufriere violencia de género y deba ausentarse de su lugar de trabajo”.
También la medida alcanza al personal de Salud y al de la Administración Pública, indicaron desde la bancada de la mayoría.
La presentación del proyecto estuvo encabezada por el presidente provisorio, Oscar González y los titulares de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, José Pihen y María Amelia Chiófalo, respectivamente.
“La trascendencia, la idea, el sentido y la coherencia que este proyecto guarda con la legislación nacional, que es de aplicación obligatoria y, con ello, se ratifica la voluntad política de la provincia de Córdoba”, destacó Pihen.
