El requerimiento se refiere a las investigaciones realizadas por presuntos vínculos de los uniformados con el narcotráfico, los resultados de las mismas y la situación actual de los involucrados.
A través de la presentación de un proyecto de resolución, la parlamentaria propone «citar al ministro de Gobierno y Seguridad Marcos Farina, en los términos del artículo 101 de la Constitución de Córdoba para que, en un plazo no mayor de 48 horas, concurra al recinto de la Legislatura a fin de brindar informes sobre las situación actual, investigaciones que se llevaron adelante y resultados de las mismas sobre todos los uniformados que revistaron en la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia entre el año 2007 hasta la disolución de dicha área».
La citación a Farina se produce luego de la imputación del comisario inspector Leonardo Hein, recientemente acusado por la Justicia Federal de Río Cuarto por una supuesta vinculación con narcotraficantes.
En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora indicó que «ésta imputación puso nuevamente en la mira a quienes han estado vinculados a la División de Drogas Peligrosas».
«Una vez más nos encontramos con altos oficiales de la policía involucrados en hechos que los vinculan al crimen organizado del narcotráfico», señaló Montero.
La legisladora advirtió sobre la gravedad que el Gobierno de la provincia no «haya dispuesto mecanismos investigativos que permitan sanear la fuerza policial, una vez destapado el narcoescándalo del año 2013».
El caso del narcoescándalo comenzó en 2013 cuando cinco efectivos de la Policía integrantes de Drogas Peligrosas, imputados por vínculos con el negocio del narcotráfico, fueron detenidos por orden del fiscal federal Enrique Senestrari.
Aquellas instancias, derivaron en la renuncia del entonces ministro de Seguridad y del jefe de Policía de Córdoba, los comisarios Alejo Paredes y Ramón Frías.
Télam