País/Región. Poder Ciudadano rechazó “enfáticamente” la denuncia del gobierno nacional con relación a una supuesta utilización política de la audiencia solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculada con temas de independencia judicial. Asimismo, calificaron la reacción de la administración K como “un claro acto de amedrentamiento a los defensores de derechos humanos”.
Tras la dura acusación que hiciera este viernes la administración kirchnerista a través del canciller Héctor Timerman y el ministro de Justicia, Julio Alak, denunciando que se trató de “una operación política y mediática” contra el proceso electoral, una de las entidades peticionantes en la audiencia con motivo del tratamiento del tema: “Situación de la independencia judicial en Argentina”, rechazó de plano las acusaciones.
La Fundación también objetó la imputación realizada por el gobierno “tanto a nuestra organización como a otras organizaciones del sector de ser ‘voceros’ de operadores políticos con intereses concretos en la elección del 25 de octubre”, indicó.
En ese sentido, afirmó que “el uso de amenazas penales, las injurias por medios masivos de comunicación, y las declaraciones irresponsables de altos funcionarios del gobierno constituyen un claro acto de amedrentamiento a los defensores de derechos humanos”.
A su vez, sostuvo que esta reacción de la administración K, “afecta la libertad de expresión, pilar fundamental de nuestro sistema democrático”, por lo que instaron a que el gobierno presente ante la justicia “las pruebas suficientes para sostener dichas afirmaciones o se rectifique a la brevedad, reservándonos el uso de las vías legales correspondientes”.
En otro tramo del pronunciamiento de Poder Ciudadano, se señaló que “llama la atención el desconocimiento de la Cancillería del mecanismo de audiencias que la CIDH pone a disposición de las organizaciones e individuos de los países miembros de la OEA”.
“La afirmación del gobierno vinculada con la con intencionalidad política de la fecha de realización de la audiencia habla de un desconocimiento o tergiversación de la metodología de convocatoria”, acentuó.
Al sostener que hubo “una connivencia” entre un grupo de Organizaciones de la sociedad civil argentinas y la CIDH, Poder Ciudadano sostuvo que “es subestimar la seriedad y trayectoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Advirtió además que “el cuestionamiento de las decisiones de la CIDH cuando no resultan de su agrado, deslegitiman una institución internacionalmente respetada como la CIDH”.
En relación a la violación de la veda electoral, destacó que “sorprende la maliciosa interpretación por parte del Gobierno del Código Nacional Electoral. La veda electoral implica la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales”, entre otras situaciones.
“Absolutamente ninguna de estas circunstancias sucedió durante la audiencia desarrollada en Washington DC, Estados Unidos. En ningún momento se mencionó a algún candidato en competencia”, manifestó la entidad.
Poder Ciudadano aclaró también que “las audiencias refieren al accionar del Estado en relación al cumplimiento/violación de los Derechos Humanos. El desafío de separar Estado de Gobierno sigue siendo una cuenta pendiente en nuestro país”, concluyó.
Mirá la audiencia realizada el viernes 23 de octubre de CIDH en el 156 periodo de sesiones, con los representantes de las organizaciones peticionantes, Alvaro Herrero (Poder Ciudadano) y Torcuato Sozio (ADC), con motivo del tema: Situación de la independencia judicial en Argentina.
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