Buenos Aires/País. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que se seguirá con la investigación de las complicidades policiales y penitenciarias en la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, que permanecieron prófugos 15 días tras escapar del penal de General Alvear.
«Nosotros vamos a seguir generando información porque no basta con haber recuperado -a los hermanos Martín (42) y Cristian Lanatta (44) y a Víctor Schillaci (35)- y vamos a ir sobre la red de complicidades que lo permitió, desde el Servicio Penitenciario a la Policía» de la provincia, aseguró Vidal.
Remarcó que las escuchas que se dieron a conocer en los últimos días, entre policías y detenidos en el marco de la causa por la fuga, «son legales, son investigaciones que hacemos con la justicia, y las bajas (en la fuerza policial) se hicieron en función de incompetencia o complicidad con la fuga».
En esas escuchas que se hicieron públicas a través de la prensa, dos efectivos policiales mantuvieron conversaciones con dos personas del círculo íntimo de los prófugos, en las que se evidencia una confianza y cercanía que hace sospechar que pudo haber existido una colaboración policial con los evadidos.
Una de ellas es entre el comisario Leandro Julián, titular de la Jefatura Distrital Almirante Brown, y Marcelo Melnyk (35), alias «El Faraón» y la otra entre una oficial de la Coordinación Departamental de Investigaciones (CDI) Quilmes y Gustavo Alejandro Seriga, investigado por el encubrimiento y apresado por tenencia de arma.
Melnyk permanece en prisión como encubridor de los fugados al igual que Elvira Susana Martínez, ex suegra de Cristian Lanatta; Franco Schillaci (32), hermano de Víctor; Matías Gambuza; Rubén Darío Spital, alias «Huevi»; y Carlos Alberto Spital, alias «Paraguayo».
Estos seis apresados por el fiscal general de Azul Cristian Citterio y que están a disposición del juez de garantías Federico Barberena, quedaron acusados de ser partícipes los delitos de «evasión, privación ilegítima de la libertad y robo calificado» al haber ayudado a los tres prófugos tras la fuga.
En el marco de esa causa también está preso el oficial penitenciario César Luis Tolosa, jefe de turno del penal de General Alvear, acusado de haber facilitado información vital para lograr la fuga.
Otros dos detenidos, pero por el fiscal de Coronel Brandsen, Mariano Sibuet, y a disposición el juez de Garantías de La Plata César Melazo, son Raúl Lorenzetti (58) y Héctor Wagner (54).
Estos últimos quedaron en prisión por la «participación necesaria en la tentativa de homicidio calificado» de los policías de la localidad bonaerense de Ranchos Fernando Pengsawath (23) y Angelina Lucrecia Yudati (33), acusados de haber adulterado y facilitado la camioneta en la que se cree se movilizaban los tres evadidos cuando cometieron ese ataque.
Además, ante la sospecha de la posible participación policial en la facilitación de la fuga, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, pasó a retiro a siete comisarios generales, miembros de la plana mayor de la fuerza provincial.
«Vamos a seguir trabajando, ya que lo importante es que quienes fueron cómplices terminen en la cárcel», remarcó la gobernadora en una entrevista con radio Mitre.
Vidal explicó que, tras la recaptura de los prófugos, hay otra etapa de trabajo que «tiene que ver con empezar a sanear y mejorar las instituciones de la provincia, que la buena policía se sienta acompañada, que todos tengan chalecos, lo que hoy no sucede; que tengan sistemas de comunicación modernos y mejores beneficios, que se sientan que son parte de un mismo gobierno».
«Y el que no sea buen policía que sienta que el gobierno está dispuesto a investigar y a que terminen en la justicia y presos. Lo mismo con el Servicio Penitenciario», remarcó.
Esta madrugada, el Senado bonaerense declaró la emergencia en Seguridad por el término de doce meses, iniciativa que busca potenciar las áreas operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras necesarias.
Además, se declaró la emergencia del Sistema Penitenciario y del Sistema de Salud Penitenciario, que faculta a los ministerios de Seguridad y Justicia a adoptar las medidas tendientes a la reorganización y planificación de los aspectos de gestión, operativos y funcionales de recursos humanos y materiales. (Télam)