País. En la semana que terminó el gobierno dio a conocer sus metas de reducción de la inflación. Aunque modestas, cumplirlas exige un programa integral de reducción en los excesos de gasto público producidos en los últimos años. Aunque es necesario abordar los bolsones más visibles de empleo público espurio, lo que resulta determinante del crecimiento del gasto público -según Idesa- es la expansión indiscriminada de jubilaciones sin aportes y subsidios económicos a empresas.
Los funcionarios de Economía explicitaron que la meta de inflación para el presente año será de entre 20 y 25 por ciento anual. Se trata de un nivel inferior al del año pasado, pero no muy diferente al observado en años anteriores.
Se planteó además que el ritmo de crecimiento en los precios irá disminuyendo progresivamente hasta alcanzar niveles de un dígito entre los años 2018 y 2019. En ese marco Idesa sostuvo que comparado con otros países, incluso los vecinos, se trata de “metas muy modestas”.
Es evidente que la Argentina no sólo sufre una de las inflaciones más altas del mundo sino que la seguirá soportando por varios años más. La solución, ya lo dijeron los principales economistas de los candidatos a la presidencia en tiempo de campaña, es un plan a cuatro años.
El principal motivo es ya sabido, el muy alto déficit fiscal. Aún con record de presión tributaria, los ingresos no alcanzan para cubrir las erogaciones del Estado. “La consecuencia es una masiva emisión monetaria que impacta sobre los precios. Esto marca la importancia crucial de encarar un programa integral de reducción del gasto público”, advirtió el Instituto para el Desarrollo Social Argentino.
En ese sentido, para abordar la tarea de disminuir el gasto público es importante identificar los principales componentes del incremento. Según los datos del Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2014, la presión impositiva nacional creció 8 puntos porcentuales del PBI mientras que el gasto público 12 puntos del PBI.
Dentro del crecimiento del gasto se destacan: 1) El gasto en personal e insumos subió en 2 puntos porcentuales del PBI. 2) El gasto previsional subió en 4 puntos porcentuales del PBI. 3) El gasto en subsidios económicos (tarifas y empresas públicas) subió en 4 puntos porcentuales del PBI.
Estos ítems muestran que sólo estos tres componentes de gasto público explican 10 de los 12 puntos porcentuales de PBI que subió el gasto público.
Asimismo, se observa que si bien el exceso de contratación de personal en el Estado ha sido un factor importante de expansión, no fue el principal. «Mayor incidencia cuantitativa tuvo la expansión del gasto previsional vía el otorgamiento indiscriminado de jubilaciones sin aportes y los subsidios para sostener el retraso de las tarifas de servicios públicos y los déficits de las empresas del Estado”, señaló Idesa.
Frente a la magnitud del déficit fiscal, la entidad opinó que “es imprescindible incorporar en la agenda de políticas públicas la revisión de las reglas que rigen el sistema previsional, reducir los subsidios económicos normalizando las tarifas de servicios públicos y erradicar las ineficiencias, abusos y corrupción en las empresas del Estado”.
En cuanto a lo que se plantea como desafío de reconstrucción del Estado, más allá de tener en cuenta que en el sector público nunca tuvo tantos empleados, desde el Instituto cuestionaron que “la gestión de la asistencia social se privatizó en las organizaciones sociales”.
“Los conflictos en Jujuy demuestran las resistencias que se enfrentan para lograr que el Estado recupere la gestión. Fenómenos parecidos ocurren en las empresas públicas como lo señala el caso de Aerolíneas Argentinas donde gran parte de los subsidios que se le transfieren son apropiados por intereses privados”, se observó.
La inflación, con todas sus secuelas económicas y sociales negativas, seguirá siendo alta por varios años. Esto se explica en que la principal razón son las dificultades para financiar el muy alto déficit fiscal, aún en un escenario de nuevo acceso al crédito internacional, que es lo que espera el gobierno.
Ante este panorama, Idesa resaltó que el desafío “no sólo es reducir el déficit fiscal sino también reconstruir el Estado”, lo que implica un profundo cambio de prioridades. “En lugar de que el Estado sea la vía para que dirigentes sociales o empresas privadas se apropien de fondos públicos, debe pasar a actuar como un instrumento de progreso económico y social”, concluyó.
