Ciudad de Córdoba. Según el Municipio -señaló el concejal- la posible reabsorción de una parte de la prestación del servicio de Higiene Urbana a través del ESOP, entre otros “ventajas” reportaría un ahorro del IVA que se paga sobre costos que ya no serían facturados por terceros, sino pagados directamente por dicho Ente. Al respecto, Esteban Dómina, calificó de “insólito” los argumentos del Ejecutivo municipal. “Cuatro años después Mestre descubre que paga IVA”, ironizó.
“El principal costo del que zafarían los concesionarios privados en el nuevo esquema de prestación es la nómina salarial de alrededor de 1.000 empleados de la ex CRESE que hoy se desempeñan en Lusa y Cotreco a préstamo y que volverían al Municipio”, advirtió el edil.
En ese sentido, indicó que según se infiere, los restantes 656 pasarían definitivamente a dichas empresas, quedando en consecuencia en el Ente unos 1.300 (los 1.000 que vuelven más los 300 de la CRESE residual)”.
Ante las declaraciones del Secretario de Servicios Públicos, quien estimó en $15 millones ese “supuesto ahorro”, Dómina infirió que los costos que ahora asumiría el Municipio a través del Ente, incluidos los de la CRESE residual, serían de alrededor de $71,5 millones.
Para el representante de la bancada de UPC, esa cifra “a priori no cierra o es engañosamente inflada para que el vecino suspire con alivio”. Al mismo tiempo, cuestionó que “lo que no se dice, es que se seguirá incurriendo en el sobrecosto del IVA sobre la facturación mensual de Lusa y Cotreco, cuyo costo difícilmente baje del actual, alrededor de $130 millones mensuales”.
Otro aspecto bajo análisis, “es cómo se dibujará desde el punto de vista jurídico esta adjudicación ad hoc en el marco de la licitación original que lleva más de dos años de mora, con marchas y contramarchas y pliegos modificados por decreto”, recordó Dómina.
El concejal reprochó además que “dicho proceso licitatorio debió haber concluido en diciembre de 2013, cuando venció la prórroga de la cesión del contrato de la ex CRESE. Como las ofertas recibidas fueron siderales, se postergó sine die la adjudicación definitiva (por ocho años) sin declarar desierta la licitación fallida, dejándola en una suerte de limbo en el que se halla hasta hoy”.
“En diciembre de 2014, en un intento por arrimar las ofertas a las posibilidades del Municipio se modificaron los pliegos por decreto, desechando prácticamente todas las innovaciones que los mismos introducían en la prestación del servicio, o sea reduciendo la calidad y frecuencia de las prestaciones”, añadió.
Asimismo, Dómina puntualizó que de los cinco rubros que prestaba CRESE integrada (limpieza, barrido, recolección domiciliaria, mantenimiento de basurales a cielo abierto y operación del vertedero de Piedras Blancas), cuatro volverían al Municipio, precisamente los de mano de obra intensiva y puro costo; en tanto que la crema del negocio (la recolección mecanizada) seguirá en manos de Lusa y Cotreco”.
En cuanto a las indemnizaciones por el pase de personal del SURRBAC, estimó que el desembolso sería de $200 millones. El monto surge de calcular siete años de antigüedad (desde 2009 a la fecha), de los cuales “los últimos cuatro ese personal prestó servicios en las empresas privadas, que sin embargo no pondrán un peso para solventar ese sobrecosto para los vecinos”, manifestó.
También observó que “al permanecer 1.300 empleados bajo convenio SURRBAC en el Municipio, recomienza la cuenta para futuras indemnizaciones”.
