País. Las autoridades del bloque Cambiemos buscarán realizar desde los primeros días de febrero negociaciones con fuerzas políticas opositoras para consolidar acuerdos que le permitan conformar una mayoría necesaria para sancionar iniciativas consideradas clave por el gobierno macrista.
El presidente Mauricio Macri anunciará el primero de marzo, cuando inaugure el 134 período de sesiones ordinarias del Congreso, el envío de un paquete de proyectos, entre los que figuran -según informaron fuentes parlamentarias a Télam- la reforma de Ley Cerrojo para habilitar las negociaciones con los fondos buitre, y la modificaciones a la Ley de Impuesto a las
Ganancias, la Ley del Arrepentido y la de Acceso a la Información Pública.
Para poder sancionar estas iniciativas, en la Cámara de Diputados el oficialismo deberá enhebrar acuerdos con otras bancadas dado que el interbloque Cambiemos tiene alrededor de 90 legisladores, por lo que precisará el aval de unos 40 diputados más para alcanzar el quórum y votar los dictámenes en el recinto de sesiones.
En rigor, el oficialismo buscará repetir un esquema que armó con otras bancadas para conformar el consenso parlamentario, donde armó una primera minoría para impulsar la postulación del macrista Pablo Tonelli como miembro del Consejo de la Magistratura.
Si bien Tonelli no pudo asumir porque el FpV presentó medidas judiciales para impedir que jure como miembro de la Magistratura -dado que reclama ese lugar para el camporista Marcos Cleri-, lo cierto es que fue el primer intento para armar un esquema de poder que supere en votos al kirchernismo.
El presidente de la Cámara baja, Emilio Monzo, y el jefe de la bancada, Nicolás Massot, confían en que podrán realizar estos acuerdos con el interbloque UNA -cuya columna vertebral es el massismo- que tiene unos 35 legisladores y con los puntanos de Compromiso Federal que conducen los hermanos Rodríguez Saá.
Además prevén encarar conversaciones con el bloque Progresistas que tiene seis miembros, y con el Juntos por la Argentina -que conduce el ex renovador Darío Guistozzi- que cuenta con cinco diputados.
Para algunas iniciativas en particular, también apuntarán a tener el respaldo del Frente Cívico de Santiago del Estero, que lidera el ex radical Gerardo Zamora.
A modo de ensayo, el documento denominado «Acuerdo Parlamentario» para respaldar la postulación de Tonelli fue firmado por los interbloques de Cambiemos -PRO, UCR y Coalición Cívica-, Frente Amplio Progresista (Socialistas, Gen y Libres del Sur), Juntos por Una Argentina, Movimiento Popular Neuquino, Partido Justicialista Pampeano, Compromiso Federal y Libertad y Democracia.
De todos modos, los macristas sostienen que para algunas leyes tendrán el respaldo de los massistas, en otras de los progresistas y en muchas de ocasiones esperan contar con el respaldo de los diputados peronistas que responden a los gobernadores del PJ, como sucedió cuando se armó el consenso parlamentario que tuvieron el aval de los pampeanos conducidos por el mandatario Carlos Verna.
Desde la bancada del Frente para la Victoria, que tiene la primera minoría con 95 legisladores, su presidente Héctor Recalde reconoció que «hay matices dentro del bloque», y se vio obligado a desmentir las versiones de ruptura que sobrevuelan sobre la cúpula del Congreso Nacional.
Lo concreto es que el FPV-PJ está virtualmente dividido entre los kirchneristas y peronistas que responden a los gobernadores.
Comisiones y Personal
Por lo pronto, la primera negociación que tiene que encarar Monzó es la distribución de las comisiones y allí se producirá una fuerte discusión entre el oficialismo y el FPV porque el macrismo quiere conducir los principales organismos que son clave para emitir los dictámenes que se debaten en el recinto.
Monzó ya adelantó que Cambiemos conducirá y tendrá mayoría en Asuntos Constitucionales, Legislación General, Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Energía, y encabezar otra comisión estratégica como la de Juicio Político.
No será una discusión sencilla y la primera muestra de la difícil relación que tendrá el oficialismo y la conducción del FPV se planteó por la distribución de las oficinas en el histórico palacio del Congreso, cuando Monzó clausuró el amplio despacho otorgado a Máximo Kirchner y provocó la airada queja de La Cámpora.
Otra negociación compleja será la cantidad de empleados que tendrá cada bancada porque según Monzó se «deben discutir no solo los espacios físicos sino la cantidad de personal que tendrá cada bloque» y recordó que el FpV «ahora solo representa el 38 por ciento de total del cuerpo».
