Córdoba. Ante la consulta de Agenda 4P acerca de los contratos dados de baja por la gestión schiarettista en diferentes áreas de la administración provincial, el ministro Carlos Massei, le quitó relevancia al asunto, justificando que se debe a “reacomodamientos necesarios” que son propios de un gobierno que inicia su mandato. A su turno, el ministro Luis Angulo, defendió la cesantía de profesionales del Complejo habitado por jóvenes en conflicto con la ley penal. Desde la oposición, Liliana Montero, refutó las afirmaciones del titular de la cartera de justicia.
Quien tiene bajo su órbita las áreas de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, descartó las afirmaciones de empleados de que no se están cumpliendo algunos programas por falta de personal. “Esto no es cierto, continuamos prestando servicio”, remarcó el funcionario.
En referencia a la situación de los 29 cesanteados en el Complejo Esperanza, Angulo sostuvo que el tema merece “una atención especial”, ya que el gobierno que asumió ha trazado un nuevo “objetivo central” que radica en proporcionar a los jóvenes en conflicto con la ley penal, herramientas vinculadas al trabajo, el deporte, la educación formal y la capacitación en oficios.
En base a esta concepción, el titular de la cartera de Justicia, reconoció a este medio digital que los contratos dados de baja responden a 26 profesionales psicólogos y 3 médicos. Por lo que defendió la decisión de otro perfil de profesionales “para atender esta problemática con este objetivo que es la resocialización de los jóvenes, la recuperación para que se reintegren a sus familias y a la sociedad, y también para que se reintegren al ámbito laboral”.
Al respecto, el ministro anticipó que este lunes harían una presentación ante el juez González del Solar para brindar estos fundamentos y diciéndole que “no va haber menos profesionales en el Complejo Esperanza”, sino que habrá “más profesionales, pero con una experticia y una preparación que atienda a ese objetivo que nosotros consideramos central”.
Por su parte, la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos) salió a rebatir las afirmaciones de Angulo, al advertir que “el ministro está mal informado o no tiene los elementos que le permitan conocer cuál ha sido el proceso de definición de objetivos u en consecuencia de selección de profesionales que el propio gobierno de la provincia ha realizado”.
“No resulta comprensible que se borre de un plumazo a casi 30 profesionales y además no es comprensible de que se haya hecho del modo que se ha hecho, tratando a los jóvenes como objetos, despojándolos de los espacios que habían construido sin tener siquiera la oportunidad de cerrar esos espacios”, cuestionó.
Es por ello que la parlamentaria acentuó su crítica, al sostener que “el Estado reproduce adentro de sus instituciones estos modelos” de poner a las personas “en lugar de objetos”. “Lo ha hecho, tanto con los jóvenes como con los profesionales, lo que resulta inadmisible”, concluyó.
Antecedente
Cabe mencionar que tras haberse dado a conocer las bajas de contratos en las áreas de Violencia Familiar, Trata de Personas y Complejo Esperanza, la legisladora de la bancada opositora afirmó que apenas la Justicia de Córdoba reinicie sus actividades, hará una presentación judicial en el marco del Habeas Corpus que se tramita por las condiciones de vida en el Complejo.
Cabe recordar que Montero, junto a otros legisladores, presentó un Habeas Corpus Colectivos Correctivo en el año 2014, por la grave situación que se advertía en el Complejo Esperanza, donde se alojan adolescentes en conflicto con la ley penal.
En el marco de esta acción, el juez en lo Penal Juvenil de 4º Nominación, José González del Solar, ordenó a la provincia designar personal especializado, entre otras medidas.
Fue en este contexto en el que se incorporaron a muchos de los socio-educadores, trabajadores sociales y psicólogos que fueron despedidos recientemente.
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