País. El Ejecutivo nacional creó el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La administración macrista argumentó que “constituye una prioridad estratégica para el Estado argentino el combate del lavado de activos proveniente de los delitos más graves, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Establece que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y precisa que el programa que existía en esta materia se encuentra desactualizado en función de lo recomendado por los nuevos Estándares Globales para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2012.
En tanto, se reserva a la Unidad de Información Financiera (UIF) la capacidad de realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera, se aclaró.
En los fundamentos del Decreto 360/2016, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, explica que la complejidad creciente que han adquirido en estos últimos años los sistemas nacionales anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, exige que los gobiernos cuenten con un responsable institucional que tenga la capacidad de coordinar las políticas públicas referentes al mejor funcionamiento de los subsistemas de prevención, detección y represión existentes en pos de lograr que el combate de los delitos financieros sea efectivo.
Además, pone de relieve que resulta clave que un Estado moderno y globalizado cuente, en esta materia, con una estrategia nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, basada en un análisis consistente y comprensivo de los riesgos reales que el País enfrenta en este campo.
También, expresa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad central del Estado Nacional en realizar las funciones de coordinación interinstitucional de todos los organismos y entidades del sector público y privado con competencia en esta materia, logrando de este modo que el combate al lavado de activos y financiación del terrorismo adquiera un carácter sistémico.
El programa tendrá por misión reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
