«Seamos serios; una verdadera y profunda reforma política sólo es posible mediante una reforma constitucional”, aseguró la parlamentaria, quien adelantó que en los próximos días, presentará un proyecto de ley para que la Legislatura declare la necesidad de reforma de la Constitución Provincial.
Para Montero, la reforma constitucional se torna “indispensable” en la medida que algunas modificaciones “no podrían introducirse por ninguna otra vía”, como la doble vuelta electoral (balotaje), cambios en el Tribunal de Cuentas o la incorporación del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, aseguró que la reforma de la carta magna provincial garantizaría mayores consensos y, a la vez, mayor estabilidad. De lo contrario, cualquier gobierno de turno, que maneja la Unicameral de “manera discrecional”, podría en cuestión de minutos dar marcha atrás en temas que consideren “incómodos”, como el financiamiento de los partidos políticos o los límites en la publicidad oficial.
Cabe mencionar que, según el artículo 196 de la Constitución de Córdoba, “la declaración de la necesidad de la reforma y la convocatoria a la Convención Constituyente que la lleva a cabo debe ser aprobada con el voto de dos terceras partes del total de los miembros de la Legislatura”.
Además indica que “debe designarse con precisión el punto o puntos que han de ser materia de aquélla; no puede la Convención pronunciarse sobre otros”.
Otorgar rango constitucional al Consejo de la Magistratura con representación equitativa de los poderes y de los espacios políticos con representación; independizar el Ministerio Público Fiscal; dotar de legitimación procesal al Defensor del Pueblo; e incorporar con rango constitucional al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, ponderó la necesidad de redefinir la función del Tribunal de Cuentas o incorporar una Auditoría General de la provincia; el Consejo Económico Social y el Consejo de Partidos Políticos.
A las modificaciones ya destacadas, se suman: incorporar fecha fija de elecciones; establecer la segunda vuelta electoral; incluir la obligatoriedad de fecha diferenciada pero fija para la elección de gobiernos locales; prohibir la reelección indefinida en gobiernos locales y de los legisladores; limitar la publicidad oficial; e incorporar el financiamiento de las campañas con transparencia y equidad.