País. La iniciativa de «normalización de la deuda pública» contempla la derogación de las leyes cerrojo, de pago soberano, y la autorización para emitir deuda por un monto de 15.000 millones de dólares.
En el interbloque Cambiemos confían en que el martes conseguirán dictamen en el plenario de las comisiones de Presupuesto de Hacienda y Finanzas, y que el jueves podrán llevar el proyecto al plenario del cuerpo en el marco de una convocatoria especial.
Así, podrán cumplir con su parte del objetivo planteado por el Ejecutivo al redactar la ley, en lo referido a su entrada en vigencia a partir del 1 de abril, por lo cual el Senado tendría más de dos semanas para tratar el tema.
Esto revela la intención del oficialismo de contar con la sanción de la ley algunos días antes del 14 de abril, cuando vence el plazo pactado con los fondos buitres más belicosos en el preacuerdo firmado para efectivizar el pago de la deuda.
Para firmar el dictamen de mayoría en las comisiones y para aprobar el proyecto en recinto, el oficialismo contaría con el respaldo del interbloque que conforman massistas y delasotistas, de algunos peronistas que recientemente se alejaron del bloque FPV-PJ y del socialismo.
En tanto que el núcleo duro de los que están en contra lo encabeza el FPV-PJ, que ya anticipó que no dará quórum y que votará en contra; algunos peronistas no alineados y los partidos de izquierda.
El tratamiento del proyecto se inició el pasado viernes con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien aseguró que hay que «resolver pronto y de la mejor manera posible» la controversia con los fondos buitre que quedaron fuera del canje del 2005, pero advirtió que la «resolución es del Congreso de la Nación».
Al exponer ante los diputados Prat Gay dijo que «el monto original de la deuda general era de 6.100 millones de dólares, y ahora estamos hablando de una deuda estimada en 18.800 millones de dólares».
Dijo que el gobierno «podrá lograr una quita de un total de 38 por ciento del capital y del 56 por ciento de los intereses» y calificó como complicada la negociación porque los holdouts «son profesionales de la usura».
Y apuntó que «los que insistan en el reclamo se someten a un desamparo judicial, después de que los más duros hayan cerrado el acuerdo».
«El pago será en efectivo y para eso se colocará un bono a valor de mercado» y «no se hará con reservas del Banco Central», dijo Prat Gay, para luego precisar que para concretar ese objetivo «se requiere emitir deuda por 11.684 millones de dólares» y que el pedido de autorización total será por 15.000 millones de dólares para «financiar otros vencimientos y déficit fiscal».
Para completar el cronograma de trabajo, mañana, a las 12, el plenario de comisiones se reunirá nuevamente para recibir a aquellos invitados propuestos por la oposición para exponer sobre el tema, entre los que estarían el ex ministro de Economía Roberto Lavgana y el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen.
«Vamos a realizar un trabajo intenso en la comisión para estudiar los proyectos con todos los sectores, van a estar representados los empresarios, los trabajadores, académicos y también la izquierda. Queremos realizar un debate plural y profundo antes de votar la ley porque el objetivo es buscar consensos y poder avanzar con acuerdos», explicó el presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina.
Tras la reunión del lunes, Laspina y Eduardo Amadeo -presidente de la comisión de Finanzas- convocaron a los legisladores de ambos cuerpos para el martes al mediodía, con el fin de que el plenario dé el debate del cual surgiría la firma del dictamen.
Para el jueves, cuando se realizaría la sesión especial para su aprobación, desde el bloque que preside Nicolás Massot confían en contar con los 129 diputados necesarios para el logro del quórum y el voto positivo de 150 legisladores acompañando la aprobación del proyecto.
La iniciativa ingresó el viernes a la Cámara baja, casi en simultaneo con la visita de Prat Gay, aunque desde el jueves circulaba un borrador por los despachos de los diputados que integran ambas comisiones.
Acreedores argentinos van a litigar en Nueva York
Se trata de ahorristas con bonos por u$s2.000 millones que rechazan la oferta del Gobierno de Mauricio Macri, por lo que irán a la Justicia y complicarán el cierre definitivo del conflicto.
Ahorristas argentinos con bonos de la deuda en default por unos 2.000 millones de dólares irán a la Justicia estadounidense para rechazar la oferta realizada por el gobierno, por lo que se demorará la salida definitiva del país de la cesación de pagos.
Así lo anticipó el fundador de la Asociación de Ahorristas Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd), Horacio Vázquez, al denunciar que los fondos buitres son mejor tratados que quienes pagaron por los bonos su valor real y no el precio basura pos canjes de 2005 y 2010.
Vázquez denunció que los bonistas argentinos no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo con los fondos buitre y confirmó que apelará la decisión de dar luz verde al entendimiento del juez norteamericano Thomas Griesa ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. (Télam y NA)
