País. Funcionarios del ministerio de Hacienda y Finanzas se reunirán con diputados que piden suspender la sesión en la que debe tratarse el dictamen de comisión para pagarles a los fondos buitres. La oposición dialoguista demandó esta medida hasta que se aclare el tema para analizar los alcances del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que se conoció el sábado.
Funcionarios del ministerio de Hacienda, que conduce Alfonso Prat Gay, visitarán este lunes a los jefes de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, luego de que algunos de ellos pidieran la suspensión de la sesión especial del martes en la que está previsto tratar la ley que habilita el pago de la deuda a los holdouts y fondos buitre.
«Queremos informarle a todos el mundo que esto no es un tema grave, sino un tema procesal. En algún momento de mañana vamos a hacer la reunión. Queremos seguir con adelante la estrategia», señaló a NA el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Eduardo Amadeo.
La reunión entre funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y los referentes de la oposición dialoguista de la Cámara baja se producirá luego de que el Bloque Justicialista, que tiene como referente a Diego Bossio, solicitara la suspensión de la sesión del martes hasta que se aclare el tema para analizar los alcances del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que se conoció el sábado.
Ese tribunal resolvió dejar en suspenso la decisión del juez Thomas Griesa de levantar el embargo contra la Argentina, un pedido de los fondos buitre, y dispuso que la medida dispuesta por el magistrado sólo podrá ser efectiva cuando se resuelvan las apelaciones presentadas contra ese fallo.
«Riesgos» de litigiosidad
Por su parte, el diputado del FpV, José Luis Gioja advirtió que hubo una «pésima negociación» por parte del gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre.
En declaraciones a NA, si bien se comprometió a ayudar con la derogación de la Ley Cerrojo de incorporarse nuevos cambios al proyecto en Diputados, advirtió si se aprueba, el país quedaría expuesto a «riesgos» de litigiosidad.
“Nosotros tenemos nuestro propio dictamen y vamos a proponer que bajemos al recinto y que demos la discusión como corresponde. Nuestro dictamen autoriza al Poder Ejecutivo a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración”, expresó el ex gobernador.
Ante la consulta de que si existe la posibilidad de “una avalancha” de juicios de los bonistas que entraron en los canjes del 2005 y 2010, Gioja sostuvo: “Por supuesto. Por eso, uno de los temas preocupantes es que no hay un solo dictamen jurídico de nadie.
Solamente de una consultora de Estados Unidos. Pero ni la parte jurídica del Ministerio de Hacienda ni del Procurador General del Tesoro te dicen si hay poca o mucha probabilidad (de litigiosidad). Por eso estamos exigiendo ese dictamen”.
“Los riesgos existen. Por eso entre las cosas que nosotros proponemos está el dictamen jurídico de la Procuración del Tesoro para por lo menos saber qué piensan ellos sobre este tema”, completó.
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