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Al defender el proyecto impulsado por el Ejecutivo que se debate en Diputados, Laspina aseguró además que “no hay nadie que considere que hay alguna chance de revivir la cláusula Ruffo”, en referencia al artículo incluido en los canjes de deuda de 2005 y 2010 por el cual se prohíbe pagarles más a los holdouts, al advertir que es “baja” la litigiosidad que generará la aprobación del acuerdo para normalizar la deuda pública.
Para el legislador oficialista, el Congreso “tiene en sus manos una decisión trascendente para los argentinos que puede poner fin a una saga que llevó a una situación insólita al país” y puso de relieve que Argentina consumió “unos 55 mil millones en pago a acreedores externos y hoy mantiene la casi totalidad de la deuda y ha pulverizado el crédito público necesario para realizar obras que faltan en el país”.
Sostuvo que “no es cuestión de buscar culpables en el pasado sino buscar soluciones” y aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “no vino para sacarse de encima las responsabilidades sino a traer soluciones”.
En ese sentido, Laspina advirtió que “la falta de crédito lo sufre la gente, los que menos tienen, los que necesitan obras para mejorar la calidad de vida” y consideró “imperioso cumplir con nuestros bonistas que necesitan cobrar lo que corresponde y recuperar así el crédito público”.
Según el diputado del PRO, “estamos ante un litigio de una enorme complejidad, más de 150 bonos de diferentes monedas y jurisdicciones” y puso de relieve que con este acuerdo se logrará “recuperar la palabra del gobierno argentino”.
En ese sentido, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja anunció que el oficialismo aceptó como tope de endeudamiento 12.500 millones de dólares, como pidió la oposición.
Laspina advirtió que un eventual rechazo del acuerdo “nos pondría ante una alternativa de hierro que los argentinos queremos evitar: no queremos el ajuste fiscal o el ajuste inflacionario que propone el kirchnerismo. Queremos ir por la vía del crecimiento, de que se hagan las obras necesarias para que Argentina vuelva a crecer”.
Por último, el parlamentario precisó que el proyecto incorpora “una oferta base para los bonistas sin litigios judiciales, que consiste en el reconocimiento de la deuda original de capital más un 50 por ciento de dicho monto de capital original, que equivale a una tasa inferior del 3 por ciento anual acumulada en estos años de litigio”.