Córdoba. El juez González del Solar consideró que, en los últimos dos años, habían mejorado las condiciones de alojamiento, alimentos, atención médica y escolaridad de los internos. La presentación había sido impulsada por un grupo de legisladores del arco opositor, encabezado por Liliana Montero, quien reconoció que hubo mejoras, pero advirtió que no se está “frente a la situación más óptima, se deben profundizar los cambios”.
El juez en lo Penal Juvenil José González del Solar dio por terminado las actuaciones iniciadas en el marco del habeas corpus correctivo presentado, hace dos años, por un grupo de legisladores para que mejoren las condiciones de vida de los jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
El magistrado consideró que fueron superadas las circunstancias que motivaron el habeas corpus y satisfechas las rectificaciones dispuestas por la autoridad judicial. González del Solar aseguró que a través de siete inspecciones oculares al establecimiento pudo comprobar el cumplimiento de cronograma de mejoras establecido por el gobierno.
“En tales visitas se comprobó que el Reglamento de Convivencia ya estaba vigente, que había mejorado ostensiblemente la calidad de los servicios que se prestan al plantel en cuanto a condiciones de alojamiento, alimentos, atención médica y escolaridad, y que los educadores especializados para acompañamiento en la vida cotidiana estaban en funciones”, precisó el juez.
Asimismo, manifestó que “la última visita, realizada el viernes 1° de abril, ha permitido apreciar el sorprendente trabajo que la nueva gestión en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), ahora en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha llevado adelante en el Módulo 3 del Complejo Esperanza, que se hallaba manifiestamente deteriorado y que ha sido enteramente recuperado en un trimestre para albergar a los jóvenes mayores de edad que permanecen internados”.
En este mismo sentido, la resolución del Juzgado en lo Penal Juvenil de 4° Nominación destacó el convenio que la SENAF suscribió con la Universidad Provincial de Córdoba para garantizar que las nuevas incorporaciones en el área de educación recaigan en personas con título habilitante y para que haya una actualización profesional de quienes tienen “la muy delicada tarea de compartir la vida cotidiana con los jóvenes internos y auspiciar su reintegro a la sociedad”.
Mediante la resolución se aclaró además que la clausura de este habeas corpus “de ninguna manera quita que inspecciones posteriores controlen las condiciones de vida en el Complejo Esperanza, pero tal cometido puede cumplirse por otra vía que la actual -que es excepcional- tal como la visita periódica que realizan a institutos y servicios específicos los magistrados y funcionarios judiciales conforme al cronograma anual que establece la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial”.
Hay mejoras, pero…
“Sin lugar a dudas la situación del Complejo Esperanza hoy no es la misma que encontramos en 2012, después de participar en las siete inspecciones oculares, entendemos que las condiciones se han mejorado”, opinó la legisladora Montero.
Pero a renglón seguido, advirtió que “seguramente no estamos frente a la situación más óptima, se deben profundizar los cambios, pero sin dudas se ha salido de la situación de crisis”.
En lo que fue el proceso iniciado a partir del habeas corpus correctivo presentado hace dos años, la parlamentaria expresó que “han funcionado los canales institucionales a través de los cuales el Poder Legislativo junto al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo hemos tenido que encontrarnos para que se mejoraran las condiciones de vida de los jóvenes en conflicto con la ley penal”.
“Como legisladores, no tenemos más que sentirnos satisfechos por el deber cumplido en pos de mejorar la vida de los niños y adolescentes de la provincia, en especial quienes están en situación de vulnerabilidad”, concluyó.
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