Córdoba. La parlamentaria del arco opositor advirtió que la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -a través de su cuenta de Twitter- realizó actividad política partidaria, la cual está vedada expresamente por la ley. Asimismo, apuntó que la Defensoría “no remitió en tiempo y forma” el informe de gestión del año pasado.
La legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos) ingresó a la Unicameral dos iniciativas de su autoría, como respuesta a dos incumplimientos a la ley 9.396 incurridos por Amelia López como Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Ambos quebrantamientos se dieron “en menos de un mes”, ya que la funcionaria fue nombrada en el cargo el 16 de marzo por la Legislatura de Córdoba”, se destacó.
También cuestionó la ausencia sin aviso previo de la Defensoría en la inspección ocular realizada en el Complejo Esperanza el pasado 1º de Abril en el marco del habeas corpus tramitado en el Juzgado Penal Juvenil de 4ª Nominación por las “pésimas condiciones de vida” de los adolescentes allí alojados.
Según Montero, el primer “incumplimiento” de tipo “legal” de López, es el de no haber remitido a la Unicameral el informe de gestión que debe enviar todos los años a este Poder, dentro de los 60 días de iniciado el año legislativo, el cual comenzó el 1 de febrero.
Ante esta situación, la integrante de la bancada opositora presentó un proyecto de resolución a través del cual, se solicita saber las razones por las cuáles no se ha presentado el informe. A esto se suma el pedido de su envió en un plazo de 5 días.
“Más allá de quien ocupe la titularidad de este instituto, lo cierto es que la Ley debe cumplirse y esta Legislatura tiene el deber de controlar los informes del Defensor, por lo que resulta pertinente proceder por esta a vía a reclamar que de manera inmediata se remita dicho informe”, enfatizó la parlamentaria en los fundamentos de su iniciativa.
Actividad política prohibida
El segundo “incumplimiento legal” que advirtió Montero se basa en que la funcionaria realizó actividades políticas partidarias -a través de su cuenta de Twitter-, expresamente vedadas por la ley 9.396.
Dicha norma establece su incompatibilidad: “El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el de los Defensores Adjuntos es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia, estándole vedada la actividad política partidaria”.
Ante esta denuncia, la parlamentaria sostuvo que “esta prohibición apunta a asegurar la independencia de la Defensoría, requisito esencial para ejercer una de sus funciones más importantes: controlar el poder político gobernante en asuntos de niñez”.
Haciendo referencia a la ley 9.396, el proyecto de Montero, establece que se declare la necesidad de que la Defensora, cumplimente lo expresamente fijado por la normativa, es decir, “que se abstenga de cualquier actividad política partidaria, a realizarse tanto de manera presencial como a través de las redes sociales”.
Cabe mencionar que la integrante del bloque Córdoba Podemos, votó en contra de la designación de López como Defensora por entender que su pertenencia al partido de gobierno le quitaría independencia.
“Cuando se trató la designación de la candidatura de Amelia López en el recinto, no pusimos en duda sus cualidades personales ni profesionales pero sí que al menos el requisito de independencia pudiera cumplirse dado que la hoy Defensora ha sido una dirigente y funcionaria en distintos niveles del gobierno provincial, precisamente al que tiene que controlar en cumplimiento de la protección de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes”, expresó la legisladora en los argumentos de la iniciativa.
