Ejecutivo apura la discusión por la Boleta Única Electrónica (BUE)

Voto electronico Salta reducida

País/Córdoba. El gobierno macrista  buscará que el Parlamento apruebe el mes próximo la implementación de la BUE, en el marco de un paquete de proyectos que modificará el sistema electoral y que el Poder Ejecutivo espera tener vigente para los comicios legislativos del año próximo. Por su parte, en Córdoba, el oficialismo avanzará en igual sentido, aunque por ahora, se dan pasos cortos.  A pesar de tener vigente la Boleta Única, UPC quiere instrumentar la BUE, entre otros ítems que conforman una agenda de cambios de segunda generación en la ley de reforma política.

En el plano nacional, el macrismo inició conversaciones -que se profundizarán esta semana- con los presidentes de los 42 partidos nacionales del país, con quienes analizarán aspectos de los nuevos instrumentos políticos, que empezarán a debatirse en el Congreso después de que se apruebe la ley de Acceso a la Información Pública.

El secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, adelantó a Télam que el gobierno quiere implementar la «boleta única digital, terminar con los sistemas distorsivos, como las colectoras, e incorporar nuevas tecnologías y cuerpos informáticos de control a la justicia y al Estado para auditar mejor los procesos electorales».

La administración de Mauricio Macri, que también intercambió ideas con la Cámara Nacional Electoral, «ya tiene varios borradores terminados» que presentará a las autoridades partidarias a partir de esta semana y que quedarán materializados en proyectos legislativos, que el Ejecutivo enviará al Parlamento a principios de mayo.

Simplificar los calendarios electorales de todo el país, establecer la obligatoriedad del debate presidencial, regular el uso de la cadena nacional de los jefes de Estado durante la campaña, incorporar sanciones para violaciones a normas electorales son otros de los ejes que estarán contenidos en las iniciativas.

Se admitió que podría quedar para una segunda etapa de reformas la creación de un organismo autónomo que se encargue de monitorear el proceso electoral. «Todavía no está definido un criterio sobre eso; estamos construyendo consensos», se atajó Pérez.

El funcionario defendió la incorporación para los próximos comicios de la boleta única digital -que igualmente será impresa en papel al momento de votar-, explicó que se hará una implementación gradual hacia el 2019, a medida que se hagan acuerdos con las provincias, y pronosticó que constituirá «un aporte en términos de transparencia y agilidad» para las votaciones.

La boleta única tendrá una instancia electrónica, cuando el votante marque su preferencia electoral en la máquina, y otra en papel, en el momento en que se imprime la boleta elegida. De esa forma, el ciudadano «controla lo que votó» y permite a futuro la realización de un conteo manual de votos (post escrutinio provisorio o definitivo), si así fuera necesario.

Con todo, una de las mayores expectativas de la secretaría que conduce Pérez pasa por la unificación de los cronogramas electorales de las provincias, un plan que está atado por ahora a un «trabajo político de consensuar la idea» con los gobernadores.

En este contexto, el radicalismo ya manifestó su interés en que «la reforma no sea sólo electoral, sino también política» y, a través de la diputada nacional Carla Carrizo, impulsa que se incluya en los proyectos, una regulación a la sucesión legislativa.

La idea es garantizar que el reemplazante del legislador que no asuma -o abandone- su banca pertenezca al mismo partido.

«La UCR quiere que se termine con la ley de lemas porque fragmenta la representatividad; esto debería ser acordado con los gobernadores en un gran pacto federal y, por ejemplo, podría consensuarse la aplicación de las PASO en todos los comicios provinciales para ordenar en forma más homogénea la competencia interna», afirmó Carrizo, en una entrevista con Télam.

Carrizo, quien objetó la potestad de los partidos provinciales de presentar candidatos a presidente -de acuerdo con la normativa actual-, enumeró como cambios necesarios habilitar el voto a presidente para los presos y permitir también sufragar para esa categoría en cualquier punto del país, aunque no corresponda con la jurisdicción domiciliaria del elector -ya que se contabiliza como distrito único-.

Para la legisladora radical, debería instaurarse también un «premio por competitividad» para los partidos políticos que dirimen sus candidaturas a través de las PASO.

Hasta hoy están vigentes en Argentina 42 partidos nacionales y 641 partidos reconocidos en los 24 distritos del país, según datos de este mes de la Cámara Nacional Electoral.

En Córdoba

autoridades judiciales y universidades con legisladores BUE

Cabe destacar que el gobernador Juan Schiaretti en su mensaje inaugural del período legislativo 2016 (1 de febrero), anticipó la necesidad de avanzar en relación a introducir cambios de segunda generación en la ley de reforma política.

Por ahora, el oficialismo en la Unicameral no puso el pie en el acelerador en ese sentido, por el contrario se maneja con pasos cortos. Tras constituirse la Comisión Especial de Reforma Política, los legisladores de la bancada mayoritaria y opositores han mantenido algunas reuniones para ponerse de acuerdo en su dinámica reglamentaria y en un listado de temas de abordaje.

Como resulta en estos casos, parlamentarios opositores buscan ampliar la agenda de temas y sus alcances, al demandar una reforma constitucional que no quede solamente en una modificación acotada. Así lo demandó la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos). También el Frente Cívico se pronunció en esa línea.

Por su parte, el oficialismo persigue el objetivo de avanzar en cuatro temas que considera claves, aunque desde un principio se dijo que la agenda de temas es totalmente abierta. Boleta Única Electrónica (BUE), unificación de fechas de comicios, limitaciones en los mandatos municipales, y financiación de los partidos políticos son tópicos que integran la agenda de prioridades de UPC.

En cuanto al uso de la BUE, la Comisión Especial recibió la semana pasada a destacadas autoridades judiciales y de universidades públicas para tratar el tema. Expusieron en su seno, los Rectores Francisco Tamarit (UNC) y Héctor Aiassa (UTN); el Vocal del TSJ, Luis Rubio; los integrantes del TEP, Marta Elena Vidal y Jorge Namur; y el Secretario Electoral de la Provincia, Pérez Corti. (Fuente: Télam y Redacción).