Con el propósito de proteger a los trabajadores frente a un contexto recesivo, los partidos del arco opositor y la dirigencia sindical, impulsan un proyecto de ley para prohibir los despidos. La idea subyacente es que, forzando a las empresas a mantener su planta de personal, se evitará expandir el desempleo.
Ante esta iniciativa que parece perder fuerza en los últimos días en el Congreso de la Nación, el oficialismo reaccionó anunciando que si se aprueba será vetada por el Ejecutivo.
Entre los fundamentos que se señala el gobierno, se mencionó que normas parecidas se aplicaron en el pasado y fracasaron. La más reciente fue en la crisis del 2002 cuando se duplicó la indemnización por despido.
“Las evidencias posteriores demostraron que la medida fue inefectiva ya que cuatro de cada cinco despedidos no cobró la doble indemnización”, precisó Idesa, que además insistió con el planteo de que prohibir los despidos no es efectivo para proteger el empleo.
En base a las estadísticas oficiales de los puestos de trabajo registrados por las empresas privadas entre los años 2004 y 2014, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, destacó que se crearon 10 millones de nuevos puestos de trabajo, pero en el mismo período, se destruyeron 8 millones de puestos de trabajo existentes.
Por lo que el dato del crecimiento neto del empleo asalariado privado formal fue de 2 millones de puestos de trabajo. “Lo que indican que el crecimiento neto de empleos es marginal con relación a los enormes flujos de creación y destrucción de puesto de trabajo”, se observó.
También se aclaró que la alta destrucción de empleos (8 millones) se dio incluso con la prohibición de despedir y la doble indemnización que rigió entre el 2002 y el 2007.
Para Idesa, en la dinámica productiva constantemente hay puestos de trabajo que desaparecen. “Esto ocurre en contextos de alto crecimiento económico y en recesión. Se trata de procesos que no se pueden detener por medio de una norma legal”, sostuvo.
En ese sentido, se explicó que no se van a detener los despidos de trabajadores que los empleadores no necesiten, pero “se va a aletargar el proceso de nuevas contrataciones especialmente en un contexto recesivo. El balance es claramente negativo”.
Ante ello, se acentuó que “las políticas públicas se deben centrar en facilitar las contrataciones alivianando costos y dando seguridad jurídica; no intentando evitar lo inevitable que es la destrucción de los puestos de trabajo económicamente inviables”.
“El empleo aumenta con más inversión física y en capital humano e instituciones laborales modernas”, se expresó desde el Centro de Estudio de políticas públicas, que además advirtió que “el arreglo con los fondos “buitre” no justifica festejos. Es apenas un primer paso para potenciar inversiones”.
Por último, consideró necesario avanzar en el equilibrio fiscal y, en paralelo, el Congreso “debería abocar a reducir la incidencia de las cargas sociales priorizando los salarios más bajos, y establecer una legislación laboral que brinde protección sin generar costos espurios y litigiosidad exacerbada”.