La nota que expresa el pedido formal de una sesión especial fue rubricada por 21 legisladores de las distintas bancadas que componen la oposición (FIT, CP, EVC, FC, PRO y UCR). Según se destacó el objetivo es que la Unicameral se aboque al tratamiento de la situación de violencia sobre la mujer abordando las iniciativas que tienen estado parlamentario.
“El asesinato de nueve mujeres en lo que va del año, solo cuatro en los últimos diez días, es un dato más que suficiente para revelar la gravedad de la situación y la necesidad de que la Legislatura intervenga”, se argumentó en la misiva.
El arco opositor busca debatir en el recinto los proyectos de ley y los pedidos de informes presentados por los distintos bloques que se relacionan con la situación de violencia contra las mujeres. Sobre la problemática en cuestión, existen un número considerable de iniciativas que buscan declarar la Emergencia Provincial y que Córdoba adhiera a la ley nacional. También se exige que se implemente un programa integral y no planes aislados.
A esto se suma un cúmulo de proyectos elevados al Ejecutivo para que dé respuesta a diferentes aspectos que hacen a su accionar en materia de prevención y de asistencia a las víctimas. Cabe destacar que la oposición en este tema se ha mostrado más que crítica con la administración provincial.
Asimismo, resaltó que su bloque impulsa la declaración de Emergencia; la disposición de todas las partidas presupuestarias para proteger con vivienda, salarios y sustento a las mujeres y sus hijos en situación de riesgo”.
En este marco, la Comisión específica para tratar temas de violencia de género recibe en la mañana de este miércoles al ministro de Justicia y DDHH, Luis Angulo, quien ayer se reunió con miembros de la Justicia del fuero de niñez, adolescencia y familia, y fiscales especiales, para continuar con el tratamiento de temas vinculados a la problemática.
Los parlamentarios opositores esperan que más allá de repasar anuncios, el funcionario responda los planteos plasmados en los pedidos de informes.
En referencia al encuentro con miembros de la Justicia, fuentes de gobierno precisaron que Angulo encabezó este martes una nueva mesa de trabajo, motivada por la necesidad de seguir articulando acciones tendientes a prevenir, erradicar y detener los hechos de femicidio.
Defensor con pedido a los legisladores
En tanto, el Defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, reiteró al vicegobernador y a los presidentes de los bloques la necesidad de tratamiento y sanción por parte de la Legislatura Provincial de una ley que adecúe la normativa cordobesa a la legislación nacional en relación a la violencia de género.
Recordó que en marzo la Defensoría, a través del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad, elevó a la Unicameral un proyecto de ley para que la Provincia se adecue a la normativa nacional.
Sobre la normativa nacional (26.485), Decara destacó que “la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales ha receptado el compromiso asumido en convenciones y tratados internacionales suscriptos por el Estado y significa un avance en la concepción y orientación para la intervención integral y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Argentina”.
“Dicho marco normativo pretende superar una vieja mirada asentada en el abordaje de la violencia contra las mujeres, como familiar o doméstica, paradigma que le quita relevancia a la desigualdad de género como causante de la discriminación y violencia, desconociendo el impacto específico que esta problemática tiene en la vida de las mujeres”, fundamentó.
Proponen asueto el 3 de junio
Mediante un proyecto de su autoría, el legislador Ezequiel Peressini (FIT), instó al gobierno a decretar asueto administrativo el viernes 3 de junio a partir de las 15hs.
Ese día está prevista la movilización convocada por el colectivo #NiUnaMenos contra la violencia de género y los femicidios.
El parlamentario opinó que el asueto en todas las reparticiones estatales como así también a entes autárquicos y descentralizados, posibilitaría la participación de los trabajadores, sus familias y de toda la comunidad en la movilización.