Buenos Aires/País. La instrumentación del plan demandará una inversión de $12.500 millones y dará empleo «a más de 30 mil trabajadores a pleno antes de fin de año», así se pronunció el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, tras la firma del acuerdo con seis municipios del conurbano bonaerense.
El gobierno nacional presentó este viernes los acuerdos alcanzados con seis municipios bonaerenses para impulsar un amplio programa de obras de infraestructura pública, que permitirá extender las redes de agua potable y cloacales y que beneficiará a más de un millón de personas.
El acuerdo abarca a Tres de Febrero, Morón, San Martín, Quilmes, Tigre y San Isidro y fue anunciado este mediodía en la residencia de Olivos luego de una reunión que el presidente Mauricio Macri y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mantuvieron con los intendentes de esos municipios.
También estuvieron presentes en Olivos, Gerardo Martínez de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y José Luis Lingieri del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS).
Luego de ese encuentro, Frigerio señaló ante los medios que «estas son las obras que nos van a permitir cumplir con los objetivos» que marcó el presidente de la Nación para que en cuatro años el 100 por ciento de los argentinos tengan cubiertos los servicios de agua potable y el 75 por ciento de los de redes cloacales.
El objetivo principal de los acuerdos logrados con los municipios, que tienen el formato de un convenio marco, es garantizar el acceso a los servicios de agua potable y a las redes cloacales a pobladores que viven en zonas del conurbano con deficitaria infraestructura social y que carecen de ellos o los reciben en condiciones inadecuadas.
Los convenios, que constan de 11 cláusulas, estipulan que en todos los casos Aysa se ocupará de elaborar los presupuestos, la convocatoria a los procesos de licitación y los estudios de impacto ambiental.
Respecto del financiamiento de las obras, en la cláusula segunda se señala que «serán gestionadas y contratadas por Aysa con fondos propios y/o bajo su administración».
Por su parte, los municipios deberán declarar las obras de utilidad pública y gestionar la aprobación del estudio de impacto ambiental pertinente.
