Por: Dip. Nac. Diego Mestre (UCR)
Titular de la Comisión de Justicia – Cámara de Diputados
A la luz de los hechos que revelan la corrupción piramidal heredada de la década kirchnerista, es preciso hablar de la transparencia: uno de los músculos más importantes de la Democracia.
La democracia puede ser vista como un cuerpo. Su esqueleto debe estar cubierto por buenos músculos. Los gobiernos populistas necesitan debilitar el cuerpo de la democracia para poder imponer sus ensoñaciones líricas.
Mientras utilizan los símbolos nacionales más sagrados para movilizar las emociones del pueblo, destruyen los sistemas estadísticos, despilfarran el erario público, enriquecen a amigos militantes y esconden su aumento patrimonial y demás maniobras ilícitas con total impunidad.
Cubren con un velo de secreto, los ojos de una parte del pueblo, embelesado con las supuestas conquistas épicas que surgen de las ficciones populistas. Dejan el país con instituciones raquíticas y en bancarrota. Y cuando son cuestionados por la justicia, son apoyados (por una parte desinformada del pueblo), como si en vez de presuntos criminales, fuesen estrellas de rock.
Para transparentar los actos de gobierno, incrementar el control ciudadano, fomentar la rendición de cuentas de los funcionarios y la intervención de la sociedad civil, debemos llevar adelante medidas que permitan el acceso a la información.
En estos días, el Gobierno se prepara para instalar una pieza legislativa importantísima en el debate parlamentario: La Ley de Acceso a la Información Pública, que brinda al ciudadano el derecho de requerir información y extiende a los funcionarios de los tres poderes del Estado, la obligación positiva de suministrarla.
Establece plazos perentorios para que los funcionarios respondan a las requisitorias de información. Además, establece responsabilidades para quien obstaculice o suministre información incompleta. Para garantizar la satisfacción de la requisitoria ciudadana, se crea un procedimiento alternativo ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal.
También se crea un ente autárquico llamado Agencia de Acceso a la Información Pública que recibirá los reclamos por eventuales incumplimientos. El funcionario a cargo de esta agencia será seleccionado abiertamente con criterios de idoneidad para potenciar la meritocracia.
Para prevenir aún más la posibilidad de corrupción, se crea el Consejo Federal para la Transparencia, encargada de coordinar las acciones entre el Estado Nacional con las Provincias y la CABA. Una medida de proactividad en la transparencia, estipula la utilización de una página oficial de la red informática que dará a los sujetos obligados la posibilidad de exponer de manera clara, estructurada y entendible la información requerida.
Considero que el texto es rico aunque tendremos la posibilidad de aportar ideas que no representen trabas para su aprobación.
En el mundo, existen 90 países que cuentan con una ley de acceso a la información. Solo en América Latina y el Caribe, el número es de 19. Es un despropósito y una pena que en nuestro país aún no se haya aprobado y puesto en marcha una regulación abarcativa y eficaz. Máxime, cuando el acceso a la información como derecho humano, ha sido progresivamente ponderado en el derecho internacional.
Aunque haya sido postergada, no es tarde para incorporarla a nuestro universo legislativo. Tendrá todo mi apoyo y, espero, de todo el Honorable Congreso de la Nación.
Obstaculizar por obstaculizar la promulgación de esta propuesta significa, lisa y llanamente, apoyar la corrupción y privar a los argentinos de una herramienta vital de participación ciudadana. Estoy convencido que con esta nueva norma, estamos vigorizando la musculatura de nuestra Democracia.
