País (23/5/16). Al advertir de la seguridad de quienes forman parte de este poder del Estado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación demandó garantías a través de un régimen que exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso para acceder a dicha información”.
Con motivo del debate público generado en relación con el alcance y estructura del régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, la asociación que los representa puso sus reparos ante lo que entiende son pretensiones de algunos sectores de la política.
“Independientemente de las pretensiones y expectativas que desde algunos sectores de la política puedan proyectarse en punto a lo que se estime ‘ideal’ en materia de publicidad, resulta imprescindible que determinados datos o aspectos que posean entidad suficiente para comprometer la seguridad personal de quienes integramos este poder del Estado y nuestras familias, se encuentren garantizados con un régimen que exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso para acceder a dicha información”, enfatizó la entidad en un comunicado que lleva la firma de su titular, Ricardo Recondo.
En ese sentido, destacó que no debe perderse de vista que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos “tienen a su cargo de modo permanente la intervención y decisión en controversias que involucran tanto intereses particulares como colectivos, incluso en varias oportunidades también ligados a otros de naturaleza política”.
Asimismo, rechazó que la información patrimonial de los miembros de la Justicia quede en manos de un organismo de otro poder. “Resulta inadmisible contemplar la posibilidad de que so pretexto de publicidad y transparencia se generen mecanismos que permitan que la información patrimonial, principalmente en lo que atañe a su guarda y publicidad, dependa de un órgano o Departamento del Gobierno Federal distinto del que integramos”, remarcó.
Por último, ante el avance de la ley de acceso a la información pública que ya cuenta con media sanción de Diputados, la Asociación de Magistrados, sostuvo que ante cualquier reforma que sobre esta temática se pudiese proponer o impulsar, “se compatibilice las expectativas de la generalidad con las especiales características, responsabilidades y exposición personal que resulta inmanente a la delicada tarea que nos compete por imperativo constitucional”.
