Córdoba (27/5/16). Debido a los serios interrogantes que se presentan en la contratación y el pago a los proveedores de la obra ejecutada del Hotel Casino Spa “Ansenuza” de la localidad de Miramar, construido por la Lotería de Córdoba, parlamentarios del arco opositor requirieron tener participación como querellantes de la causa a cargo del Fiscal Dalma.
Los legisladores Liliana Montero, Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio presentaron este viernes ante la Fiscalía a cargo de la causa, una solicitud para ser considerados parte del proceso para colaborar con el Fiscal Dalma a los fines de poder aportar líneas investigativas a la causa con sus respectivas pruebas pertinentes.
Cabe destacar que a fines de 2013, la Provincia calculó un gasto total de $50 millones, aunque un año después, el Estado ya había gastado 60 millones de pesos, y el costo total se elevaba a 135 millones, según el plan de obras que figuró para 2015. En las últimas semanas se conoció que la obra costó $336 millones, según datos oficiales.
Es así, -advirtieron los legisladores- que “lo que comenzó con un presupuesto de 50 millones le terminó costando a los cordobeses, casi siete veces más de lo presupuestado inicialmente”.
En la petición dirigida a la Fiscalía actuante, los opositores, consideraron que “la gravedad institucional de lo descripto en la presente causa en la que se investigan delitos vinculados con la corrupción en la administración pública, son cuestiones que exceden el mero interés individual, afectando de modo directo el interés general de la comunidad”.
En ese sentido, enfatizaron: “Por tales motivos, nosotros como representantes del pueblo, elegidos de forma democrática y directa por nuestra sociedad, y con facultades de control conferidas por la propia Constitución de la Provincia (arts. 101, 102 in fine) es que nos consideramos legitimados para solicitar dicha pretensión”.
Montero, Quinteros y García Elorrio expresaron que como existe un interés natural en la sociedad de que se haga justicia, sostuvieron que su participación en la causa, va a aportar dinamismo y claridad en el proceso de investigación.
Ante el caso que se investiga donde hay uso de fondos públicos, los legisladores volvieron a recalcar que el objetivo de su intervención tiene que ver con la necesidad de cumplir con sus facultades de control al órgano estatal, aportando pruebas y reforzando el interés general de la justicia.
