Córdoba/País (30/5/16). Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) advirtieron que el acuerdo de la administración central con las provincias por los fondos que se retenía desde 2008, es un “nuevo parche” al esquema de distribución de impuestos recaudados por la Nación.
Del trabajo elaborado por Mary Acosta, Guillermo Pizarro y Víctor Peralta se observa que los efectos del acuerdo dependerán del uso que hagan las provincias de los fondos. Admiten que se abre una posibilidad de mejorar la competitividad de actividades económicas vía menor costo fiscal a la vez que el riesgo es destinar mayores ingresos a gastos corrientes.
Del informe se desprende que la variación sobre los ingresos presupuestas es, en total, del 3,4%, con mayor impacto en jurisdicciones como Santiago del Estero (7,20%), Corrientes (6,4%) y Catamarca (5,8%).
En el caso de Córdoba, los fondos resignados desde 2006 -cuando se presentó el reclamo ante la Corte Suprema- $20.000 millones a valor histórico que, actualizados según la evolución de la Canasta Nutricional que mide el CPCE alcanza hoy los $60.000 mil millones.
Según el Ministerio de Economía, la deuda de Córdoba con la Nación es de $5.500 millones. Este año, lo que recibirá la Provincia serán unos 6.000 mil millones más, por restitución de los fondos, lo que implica el 18% sobre el total de los giros nacionales.
En este marco, el titular del CPCE, José Simonella, insistió en que las provincias que transfirieron oportunamente sus cajas a la Nación ya habían cobrado, en cambio quedaron en desventaja aquellas como Córdoba, Santa Fe y San Luis que no las transfirieron. “Por eso ahora reclaman financiamiento, si no vuelven a quedar en disparidad”, aclaró.
Pizarro planteó que la detracción de la Nación dejó de tener sentido cuando se estatizó el sistema de AFJPs, que fue el que dio origen a la quita del 15% para financiar los mayores gastos de Anses.
Como principal crítica al acuerdo, Acosta indicó que es la “discrecionalidad” para que las provincias administren el gasto y los efectos que podría tener el nuevo esquema sobre la recaudación de Anses.
“Los $27.000 millones de este año implicarán un déficit en las partidas de ingresos y gastos corrientes del organismo. O le ayuda la administración central o tendrán que recurrir al Fondo de Garantías”.
En cuanto al proyecto para pagar los juicios a los jubilados, calculó la necesidad de unos $25.000 millones, de los cuales la mitad están presupuestados; el resto saldría del blanqueo. Peralta expresó que no hay que perder de vista que Anses financiaba al Tesoro: “No sé cuánto más puede sostener una situación así si esa ayuda sigue”.
Los ingresos del organismo también podrían caer en un contexto de pérdida de empleo. Y todavía falta revelarse si Anses podrá vender su participación accionaria en empresas e incluso los fideicomisos, se apuntó.
