Fuentes cercanas a la conducción del bloque señalaron a la prensa que la posición del Radicalismo coincide con la de la Coalición Cívica, que ya fue expresada abiertamente por su líder, Elisa Carrió.
Esas dos bancadas, integrante de la alianza gobernante Cambiemos, plantearán este martes la cuestión a la otra fuerza del interbloque oficialista, el PRO, en una reunión prevista para las 19 hs.
A ese encuentro -se señaló- asistirán funcionarios del Ejecutivo nacional que expondrán sobre el proyecto y evacuarán las dudas de los parlamentarios que integran la coalición oficialista.
El secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci; la subsecretaria de Políticas de Seguridad Social, Alejandra Breggia; y la subsecretaria de Coordinación de los Regímenes de Seguridad Social, Mercedes Bourquin, serán quienes llegarán hasta el interbloque de diputados que comandan el radical Mario Negri y el macrista Nicolás Massot.
Entre los fundamentos que expresan en la bancada radical, el principal eje apunta a mantener la coherencia con la posición que tuvieron en 2013, cuando votaron en contra del blanqueo propuesto por el kirchnerismo aún cuando no incluía el beneficio para quienes fueran funcionarios.
Desde el bloque de la UCR dejaron trascender que para evitar que el proyecto original contenga la posibilidad de que se incluya a los funcionarios, el titular del bloque, Mario Negri, expuso en la tarde de este lunes la postura ante el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.
«Solamente quedan excluidas las personas que están procesadas por una lista de delitos» o «están denunciadas por el AFIP», pero el resto podrán participar, añadió.
El funcionario precisó que los funcionarios públicos actuales al participar corren un «riesgo político», ya que «sus declaraciones juradas serán transparentes y públicas.
«Quien aparezca el próximo año con un patrimonio que se multiplicó diez veces y es funcionario público tendrá que explicarlo, y sin lo puede hacer el presidente Macri ya dijo que tomaría las medidas que se tengan que tomar», remarcó.
En cuanto a los ex funcionarios, se prevé el mismo tratamiento, explicó Prat Gay. Según indicó, tendrán la obligación de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción durante cinco años subsiguientes. Por lo tanto, «tendrá que aceptar que su declaración sea pública, por lo que le cabe el mismo inconveniente». (Télam).