Córdoba (1/6/16). En cuanto al debate que se desarrollará en la sesión de esta tarde, donde el oficialismo avanzará con el proyecto de ley enviado desde el Ejecutivo, la legisladora de la bancada de Izquierda sostuvo la necesidad de que Córdoba adhiera en forma “total” a la normativa nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres. En ese sentido, insistió en una iniciativa de su autoría y cuestionó a UPC por no querer “molestar a la “Sagrada Familia Judicial’”.
Al destacar el proyecto presentado el año pasado por su bloque, Laura Vilches, hizo hincapié en el objetivo que persigue dicha iniciativa que es una “adhesión integral a la ley (nacional), un proyecto general a toda la ley”.
“En la iniciativa del Ejecutivo se excluye de la adhesión los aspectos procedimentales, es decir como se va a aplicar la ley nacional y desde ya tenemos cuestionamientos porque implica el modo en que tiene que operar la justicia, los fiscales, la policía; así como la responsabilidad de los distintos ministerios y aéreas de gobierno, está completamente limitada”, declaró a Agenda 4P.
En este marco, la referente del PTS, advirtió que “nuevamente queda un bache, un hueco con respecto a como van a actuar este poder que está siendo cuestionado por la ineficacia frente a las denuncias de las víctimas”.
Para graficar la situación, Vilches planteó que la ley nacional sostiene que “no puede demorarse más de 48 hs. en derivar la denuncia y dar intervención en los casos de alto riesgo a equipos interdisciplinarios, mientras que la ley provincial plantea que la audiencia tiene un límite máximo de 10 días desde que se efectiviza la denuncia”.
“Ahí está claramente marcado porque estamos pidiendo que los procedimientos también sean los de la ley nacional”, remarcó.
Cabe aclarar que la iniciativa enviada por el Ejecutivo cordobés de adhesión de la provincia a la normativa que rige en el país contiene la excepción del Capítulo II del Título III, referido a los “procedimientos”.
En la elevación del proyecto al titular del cuerpo legislativo, el gobernador argumentó que la exclusión se da “en función de las competencias propias de las provincias en materia de la organización del sistema de administración de justicia y dictado de normas procesales”.
Ante esto, Vilches le apuntó al oficialismo por no querer “molestar a la ´Sagrada Familia ´ judicial. La justicia es responsable, por su accionar o su omisión, de decenas de femicidios”, acentuó.
“Exigimos, además de la adhesión a la ley de manera íntegra, la designación de partidas presupuestarias acordes para responder a una situación que para las mujeres es de emergencia, porque una de nosotras es asesinada cada 30 hs en el país”, enfatizó la representante de la Izquierda.
En tanto, sus pares de bancada del FIT anticiparon a este medio digital que defenderán un proyecto de ley en disidencia al que se apresta a aprobar la mayoría oficialista. La iniciativa impulsada por Eduardo Salas y Ezequiel Peresini incluye la Declaración de Emergencia y otros ejes sumamente “urgentes y necesarios”, según su consideración para luchar contra la violencia hacia las mujeres.
