Opinión: Carolina Atencio y Gala Díaz Langou (CIPPEC)
La lucha por erradicar la violencia contra las mujeres debe necesariamente interpelar los patrones de desigualdad y discriminación de los que el colectivo femenino es víctima histórica.
Para ello, resulta imprescindible atender a los factores que profundizan esa desigualdad e inciden negativamente en el goce pleno de los derechos de las mujeres, configurando una relación de poder subyacente entre varones y mujeres que ubica a estas últimas en una situación de desventaja en todos los ámbitos de la vida.
En el ámbito laboral, en nuestro país las mujeres enfrentan considerablemente mayores dificultades que los varones tanto en el proceso de búsqueda como en la selección y ascensos en sus puestos de trabajo.
En Argentina solo una de cada dos mujeres es activa laboralmente (trabaja o busca trabajo), cifra que no mostró crecimiento en muchos años y contrasta fuertemente con el 72% de actividad laboral masculina.
A las mujeres les cuesta más obtener empleo (el 43% de las mujeres trabajan ante un 67% de los varones) y, una vez que lo hacen, es un empleo de peor calidad (con mayor informalidad, menores salarios y peores puestos).
Estas dificultades están íntimamente relacionadas con los estereotipos de género y, sobre todo, con la falta de equidad existente en la distribución de las tareas al interior de los hogares. La creciente inserción laboral de las mujeres en la segunda mitad del siglo pasado no se vio acompañada de una redistribución de roles domésticos, consolidándose como una “revolución estancada”.
En la actualidad, las mujeres destinan en promedio 6,4 horas diarias a desarrollar tareas de cuidado mientras que los varones dedican tan solo 3,4 horas. Esta sobrecarga de tareas en las espaldas femeninas trae aparejadas serias dificultades en su desarrollo laboral, condenándolas a optar por trabajos de menor responsabilidad y peor calidad.
Asimismo, e independientemente de sus elecciones, el mercado laboral tiende a segregar a las mujeres impidiendo su acceso a puestos de decisión (el denominado “techo de cristal”) y a los sectores más dinámicos de la economía (las “paredes de cristal”).
Actualmente, según la Encuesta Permanente de Hogares solo tres de cada diez puestos de jefatura son ocupados por mujeres y el salario promedio de los varones es un 36% mayor que el de las mujeres (y un 27% cuando hablamos de puestos con las mismas responsabilidades).
Otro ámbito donde se evidencia la clara desventaja de las mujeres es en el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Hoy las mujeres en Argentina enfrentan demasiados obstáculos para adoptar decisiones libres e informadas en términos de procreación responsable que ayuden a prevenir embarazos no intencionales (sobre todo en la adolescencia) así como también a prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Resulta alarmante que aun habiendo asistido a un periodo de crecimiento económico y sustantiva inversión en políticas sociales, la tasa de mortalidad materna en la Argentina continúe arrojando índices excesivamente altos (3.2 por cada 10.000 nacidos vivos) y lejanos al compromiso que adoptó la Argentina con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Estas muertes son, en gran parte, evitables. En la medida en la que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos no sea una garantía para todas, #NiUnaMenos seguirá siendo una premisa sin cumplir.
Un femicidio cada 30 horas tiene su correlato, en gran parte, con estas desigualdades. Para poder dotar de contenido a los letreros de #NiUnaMenos Argentina necesita trabajar fuertemente en disminuir las disparidades entre varones y mujeres para construir mayores estándares de igualdad de oportunidades.
En este sentido, centrar los esfuerzos en transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas se presenta como un camino posible y transitable. Pero también nutrir el #NiUnaMenos es una responsabilidad colectiva: los estereotipos de género que en la cotidianeidad nos parcializan la lectura y nos confinan a una mirada patriarcal se deconstruyen entre tod@s.
(*) Coordinadora y directora del Programa de Protección Social de CIPPEC
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